Cierra 2025 con 1,292 homicidios, 50% por conflicto social

Fiscalía alerta sobre conflictos sociales letales y delitos menores recurrentes

La criminalidad en la República Dominicana no se manifiesta únicamente en grandes estructuras delictivas ni en bandas organizadas de alto perfil. Según advierte el procurador fiscal de Santo Domingo Oeste, Edward López Ulloa, el verdadero desafío de la seguridad ciudadana está anclado en lo cotidiano, en los conflictos triviales que escalan hasta lo irreversible y en delitos menores que, por repetición, erosionan la tranquilidad colectiva.

Durante 2025, el país cerró con 1,292 homicidios, una cifra que, aunque inferior a años anteriores, encierra un dato alarmante: el 50 % de esas muertes fue producto de conflictos sociales, no de atracos ni de acciones criminales planificadas. 

Así, discusiones por roces de vehículos, desacuerdos en colmadones, juegos de dominó o simples malentendidos en espacios públicos se convirtieron en detonantes de tragedias.

López Ulloa describe un escenario preocupante donde una parte de la población reacciona con violencia ante cualquier insignificancia. “Una pisada en una fila o un roce entre vehículos puede terminar en disparos”, lamenta, al recordar el caso reciente de un adolescente de 17 años que perdió la vida tras una discusión vial. 

Para el fiscal, estos hechos reflejan una fractura profunda en la convivencia social.

RD lidera métricas de gobernabilidad y seguridad en América Latina

Conflictos triviales que terminan en muertes

El magistrado insiste en que este fenómeno mantiene ocupados tanto a fiscales como a agentes policiales, sin que siempre exista un trasfondo delincuencial. 

La consecuencia, señala, es una percepción persistente de inseguridad que no logra disminuir, aun cuando bajan los homicidios vinculados a robos y atracos. 

“Cuando se mata por una discusión banal, la sensación de peligro se multiplica”, explica.

Frente a esta realidad, López Ulloa plantea la necesidad de una respuesta integral. Advierte que no basta con la acción represiva del Estado, sino que se requiere la integración activa de la ciudadanía y el trabajo conjunto con otras instituciones públicas para reducir los niveles de conflictividad. 

A su juicio, la pandemia dejó secuelas emocionales visibles, una especie de “chip de violencia” que aún no se ha logrado desprogramar en amplios sectores sociales.

Gobierno refuerza seguridad festiva y descarta alarma por tráfico órganos

Robos cotidianos y complicidad silenciosa

Pero el panorama delictivo no se limita a la violencia interpersonal. En el día a día, los robos de motocicletas, celulares y metales, especialmente medidores eléctricos, continúan encabezando las estadísticas nacionales. 

El fiscal explica que el hurto de motocicletas no disminuye principalmente por el descuido de los propietarios, sumado a una alta participación de menores de edad, muchos reincidentes y otros que se incorporan por primera vez a estas prácticas.

En el caso del robo de metales, López Ulloa dirige una advertencia directa a las metaleras. Recuerda que las Empresas Distribuidoras de Electricidad no comercializan medidores, por lo que adquirirlos implica conocimiento previo de su origen ilícito. 

Comprar alambres quemados o piezas metálicas a personas en evidente estado de consumo de sustancias convierte al comerciante en corresponsable del delito, subraya.

Pese a este contexto, la fiscalía de Santo Domingo Oeste —que abarca Pedro Brand, Los Alcarrizos y el municipio cabecera— cerró 2025 con una tasa histórica de homicidios de 7.26, la más baja desde su separación del Gran Santo Domingo. 

Asimismo, las denuncias por robos se redujeron drásticamente, pasando de 300 y hasta 350 casos semanales a apenas 50 o 60 denuncias.

Este descenso se atribuye al fortalecimiento de la operatividad y a la coordinación de la Fuerza de Tarea de Seguridad, donde semanalmente se evalúan las incidencias delictivas y se ajustan las políticas de prevención. 

Para López Ulloa, los resultados confirman que la estrategia funciona, pero advierte que sin un cambio cultural profundo, la violencia social seguirá siendo el principal obstáculo para una seguridad sostenible.