Espaillat contra reconocimiento facial sin controles legales del DHS

Congressista enfrenta vigilancia biométrica, práctica peligrosa para la privacidad y los derechos civiles

En un momento en que la tecnología avanza más rápido que las leyes que la regulan, el Congreso de Estados Unidos ha encendido las alarmas sobre el uso sin supervisión ni garantías del reconocimiento facial por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El representante Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, se colocó al frente de una ofensiva legislativa destinada a frenar lo que califica como una práctica peligrosa para la privacidad y los derechos civiles.

Desde Washington, Espaillat se unió al congresista Bennie G. Thompson, miembro de mayor rango del Comité de Seguridad Nacional, para presentar un proyecto de ley que busca limitar drásticamente el uso de tecnologías biométricas móviles no probadas. 

El foco de la preocupación es la aplicación Mobile Fortify, utilizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para identificar personas mediante imágenes faciales o huellas dactilares captadas con teléfonos móviles.

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Vigilancia experimental en espacios públicos

Aunque la herramienta aún se encuentra en fase beta, agentes federales la emplean en calles y comunidades de todo el país, incluso contra ciudadanos estadounidenses. Para los legisladores, este uso descontrolado constituye una grave falla de supervisión institucional y abre la puerta a abusos sistemáticos.

Espaillat fue contundente al denunciar que la Administración Trump convirtió a agencias federales en instrumentos de persecución. A su juicio, el reconocimiento facial se ha transformado en una táctica despiadada que amenaza a familias inmigrantes y erosiona libertades fundamentales. 

“Cuando el Estado experimenta con los rostros de su propia gente, todos quedamos expuestos”, advirtió el congresista neoyorquino.

Derechos civiles frente al poder tecnológico

El proyecto de ley, denominado Ley de Realineación de la Biometría de Teléfonos Móviles para la Protección de la Privacidad Estadounidense, establece un marco estricto para el uso de estas tecnologías. Thompson subrayó que resulta inaceptable que una imagen procesada por una aplicación no probada sea considerada evidencia suficiente para detener a una persona con fines de deportación.

Según el congresista de Mississippi, esta práctica representa una afrenta directa a los derechos civiles y libertades constitucionales, tanto de inmigrantes como de ciudadanos. “Proteger la patria no puede significar sacrificar la privacidad”, afirmó, insistiendo en que el DHS no debe experimentar con datos biométricos sensibles sin controles claros.

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La legislación propone medidas concretas: obligar al DHS a establecer normas estrictas de protección de la privacidad; prohibir el uso de Mobile Fortify fuera de los puertos de entrada; impedir que estas aplicaciones sean compartidas con otras agencias; y exigir que se eliminen de sistemas no autorizados. 

Además, contempla la destrucción de cualquier imagen o huella dactilar de ciudadanos estadounidenses capturada previamente, en un plazo máximo de 12 horas tras la entrada en vigor de las nuevas directrices.

El proyecto cuenta con el respaldo de figuras clave del liderazgo demócrata, incluidos representantes de los caucus Hispano, Negro y Asiático del Pacífico. Esta alianza envía un mensaje político claro: el Congreso busca recuperar el control frente a una tecnología que, sin límites, puede convertirse en un instrumento de vigilancia masiva.

Más allá del debate migratorio, la iniciativa plantea una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad? Para Espaillat y sus aliados, la respuesta es inequívoca: la seguridad no puede construirse sobre la erosión silenciosa de la libertad.