EE UU congela visados a migrantes de 75 países
Washington endurece su política migratoria bajo el criterio de carga pública
El Gobierno de Estados Unidos decidió suspender la tramitación de visados para ciudadanos de 75 países, entre ellos Irán, Rusia y Somalia, en una nueva vuelta de tuerca a su política migratoria. La medida, impulsada por la Administración de Donald Trump, refuerza el enfoque restrictivo que la Casa Blanca viene aplicando desde su regreso al poder.
El anuncio fue realizado por la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, a través de redes sociales. En su mensaje confirmó que el proceso de concesión de visados quedará congelado para decenas de países y enlazó una información difundida por la cadena Fox News. La suspensión entrará en vigor el próximo 21 de enero y, por ahora, no tiene fecha de finalización definida. Será el Departamento de Estado el encargado de revisar la decisión y determinar si se mantiene o se modifica.
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Además de Irán, Rusia y Somalia, la lista incluye a países como Afganistán, Brasil, Egipto y Nigeria. El Gobierno estadounidense no ha publicado un documento oficial detallando los criterios específicos para cada caso, pero sí ha dejado claro que la decisión se apoya en el concepto de “carga pública”, una figura legal utilizada para negar la entrada a personas que puedan depender de ayudas estatales.
Este criterio ya fue reforzado en noviembre de 2025, cuando el Departamento de Estado ordenó a los funcionarios consulares que aplicaran normas más estrictas durante el proceso de evaluación de visados. Según esas directrices, se puede considerar no elegible a cualquier solicitante que, a juicio de las autoridades, tenga probabilidades de recurrir a prestaciones públicas una vez en Estados Unidos.
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“El Departamento de Estado usará su autoridad para impedir la entrada de personas que puedan convertirse en una carga para el país y aprovecharse de la generosidad del pueblo estadounidense”, afirmó el portavoz del organismo, Tommy Pigott, en un comunicado citado por Bloomberg. La Administración defiende que se trata de una medida necesaria para proteger los recursos públicos y reforzar la seguridad nacional.
La decisión llega en un contexto marcado por el endurecimiento general de las políticas antimigratorias. A finales del año pasado, un ciudadano afgano abrió fuego contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, un episodio que fue utilizado por sectores del Gobierno como argumento para justificar controles más severos.
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En las últimas semanas, además, la Administración Trump retiró el estatus de protección temporal a los migrantes somalíes. La medida se produjo en paralelo a investigaciones por presuntos fraudes en el estado de Minnesota y al despliegue de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para realizar redadas contra personas en situación irregular.
Organizaciones de derechos civiles y colectivos de migrantes han criticado la suspensión de visados, advirtiendo de su impacto humanitario y de la incertidumbre que genera para miles de personas. Mientras tanto, Washington mantiene su discurso firme: la prioridad, insiste la Casa Blanca, es controlar la inmigración y limitar la entrada de quienes puedan suponer un coste para el sistema.
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