Un intento por rescatar proyectos que hoy duermen el sueño de los justos en los archivos estatales.

En un escenario donde la burocracia suele ser el ancla del progreso, la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) ha decidido dar un golpe de timón. Este 14 de enero de 2026, Santo Domingo se convirtió en el epicentro de un debate necesario: ¿cómo modernizar el Estado sin sacrificar la transparencia? La propuesta de modificación a la Ley 47-20 no es un simple ajuste de párrafos; es un intento ambicioso por rescatar proyectos que hoy duermen el sueño de los justos en los archivos estatales.

Bajo la tutela de Andrés Lugo Risk, director ejecutivo de la DGAPP, se presentó un consenso que busca erradicar los cuellos de botella que han frenado la inversión durante casi seis años. La premisa es que el marco normativo actual, aunque bien intencionado, ha demostrado ser un laberinto de complejidad técnica que ahuyenta a los inversionistas y desespera a las comunidades que esperan servicios básicos de calidad.

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La reforma propuesta no busca suavizar la vigilancia, sino redefinir la eficiencia, al menos así lo indican lo proonentes. El enfoque crítico de esta iniciativa se centra en la creación de un Fondo Especializado para la estructuración de proyectos, permitiendo que las ideas pasen del papel a la licitación con una velocidad hasta ahora desconocida en la administración pública. 

El objetivo es mejorar la bancabilidad, asegurando que las entidades financieras vean en las APP dominicanas un puerto seguro y rentable para sus capitales.

Este nuevo esquema introduce procedimientos diferenciados. No todos los proyectos tienen la misma envergadura, y la ley actual los trataba con la misma rigidez administrativa. Al introducir equipos técnicos especializados dentro de las entidades ejecutoras, se busca que el Estado deje de ser un observador pasivo y se convierta en un socio estratégico capaz de hablar el lenguaje del sector privado sin perder su esencia de garante del bien común.

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fortalecer gobernanza sin sacrificar la transparencia

Uno de los puntos más debatidos es el régimen económico. La modernización del tratamiento fiscal y la distribución de riesgos financieros son piezas clave para garantizar el cierre de los contratos. 

Lugo Risk ha sido enfático: eliminar trámites que no agregan valor no equivale a desproteger el patrimonio público. Por el contrario, al formalizar el Comité Técnico del Consejo Nacional de APP, se pretende que la rendición de cuentas sea más robusta y menos procesal.

En conclusión, la República Dominicana se encuentra ante una encrucijada institucional. La reforma a la Ley 47-20 es una apuesta por la agilidad en un mundo que no espera. 

El éxito de este nuevo enfoque dependerá de que la eliminación de la "grasa burocrática" no termine debilitando el músculo de la fiscalización estatal.