Justicia implacable por el asesinato que estremeció al municipio Tamboril

Tribunal dicta condena máxima contra hombre que planeó ataque mortal

La justicia dominicana ha enviado un mensaje contundente contra la criminalidad planificada. En una decisión que busca resarcir el dolor de una familia destrozada, el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago ha impuesto la pena máxima de 30 años de reclusión mayor contra Rafael Guzmán López, conocido como “Rafo”. El procesado fue hallado culpable de arrebatarle la vida a Eddy Reyes Ureña Santana en un acto de cobardía que rompió la paz de una celebración familiar en el año 2024.

El relato de los hechos, presentado por el fiscal litigante Juan Elías Pérez, describe una escena de terror premeditado. Aquella fatídica noche del 11 de agosto, mientras se celebraba el cumpleaños de una menor de edad, la alegría se transformó en tragedia. La víctima se encontraba disfrutando del encuentro, sentado en el patio de la residencia, de espaldas a la puerta de la cocina, sin imaginar que la muerte acechaba desde el interior de la vivienda.

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Premeditación y alevosía en fiesta familiar

Guzmán López no actuó por impulso. Según las pruebas presentadas ante las magistradas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato, el agresor había manifestado previamente sus intenciones criminales. Incluso, momentos antes del ataque, le advirtió a su propia pareja que mataría a Ureña Santana. 

Luego, con una frialdad espantosa, se aproximó a la víctima por la retaguardia y le propinó múltiples estocadas mortales en el maxilar y el antebrazo, dejando a los presentes en un estado de conmoción absoluta.

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La contundencia de los testimonios fue clave para el veredicto. El tribunal valoró la coherencia de quienes presenciaron el ataque, confirmando que existió una planificación deliberada. Esta conducta encaja perfectamente en los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican el asesinato como uno de los delitos más graves contra la integridad humana.

Además de la privación de libertad, la sentencia contempla una indemnización de 2 millones de pesos que el condenado deberá pagar a los familiares de la víctima. Aunque el dinero no devuelve la vida, representa un reconocimiento legal del daño irreparable causado.