Trump blinda ingresos petroleros de Venezuela ante reclamaciones de extranjeros
Estrategia geopolítica estadounidense pone en jaque soberanía y futuro económico del país sudamericano
La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para blindar los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas del Tesoro de Estados Unidos ha generado una ola de críticas y análisis que van más allá de la mera política energética.
En un gesto sin precedentes, el Gobierno estadounidense declaró una emergencia nacional con el objetivo de proteger dichos fondos de posibles embargos, juicios o reclamaciones de acreedores extranjeros, afirmando que su resguardo es esencial para “garantizar la estabilidad económica y política” en Venezuela y avanzar en sus propios objetivos de política exterior.
La Casa Blanca argumenta que permitir que tribunales o acreedores embarguen los ingresos derivados del petróleo venezolano —considerados propiedad soberana de Venezuela bajo custodia estadounidense para fines diplomáticos y gubernamentales— podría poner en riesgo los esfuerzos de Washington por estabilizar la región y frenar amenazas catalogadas como “ilegales” o “malignas”.
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Una política con intereses estratégicos
Este decreto no surge en el vacío: su anuncio se dio poco después de que el presidente Trump sostuviera una reunión con altos ejecutivos de las principales petroleras estadounidenses, incluidos ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, con el objetivo de atraer inversiones millonarias a la industria petrolera venezolana y consolidar la presencia de EE. UU. en el sector.
Aunque la administración estadounidense presenta la medida como una forma de proteger los recursos venezolanos y promover la paz y prosperidad en ese país, varios analistas críticos señalan que esta acción —combinada con otras decisiones políticas recientes— redibuja el mapa del control energético y geopolítico de la región, trasladando el poder sobre recursos estratégicos desde Caracas hasta Washington.
Además, en paralelo a la orden, se exploran acuerdos que permitirían a EE. UU. recibir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano para su refinación y venta a precio de mercado, con el control total de los ingresos en manos estadounidenses.
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Soberanía en disputa y futuro incierto
Para muchos expertos y organizaciones críticas, esta política va más allá de proteger activos: representa una reconfiguración del poder económico internacional, donde los recursos naturales de un país quedan bajo la supervisión de otra potencia con claras ventajas económicas y estratégicas.
La medida, además, se inserta en un contexto de tensiones crecientes tras operaciones militares, sanciones y cambios abruptos en la relación bilateral entre ambos gobiernos, dejando a Venezuela en una posición de incertidumbre profunda respecto a su soberanía y capacidades económicas futuras.
En definitiva, el blindaje de los ingresos petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos no solo redefine la política energética, sino que también plantea preguntas inquietantes sobre el equilibrio entre intereses geopolíticos y la autodeterminación de los estados en el sistema internacional contemporáneo.
Diómedes Tejada Gómez
Comunicador y mercadólogo, editor de DiarioDigitalRD en Nueva York. Contacto: diomedestejada@gmail.com
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