Al menos 490 muertos por protestas en Irán 

ONG denuncian escalada represiva, muertes masivas, detenciones arbitrarias y apagón informativo estatal

Las protestas que sacuden Irán desde hace más de dos semanas han dejado un saldo humano estremecedor y un panorama informativo cada vez más opaco. Según el último balance de la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, al menos 490 personas han muerto y más de 10.000 han sido detenidas en el marco de las movilizaciones contra el Gobierno iraní.

Entre los arrestados se encuentran 169 menores de edad, un dato que refuerza la gravedad de la represión denunciada por organizaciones de derechos humanos.

Las cifras, difundidas por la subdirectora de HRANA, Skylar Thompson, no han sido confirmadas por las autoridades iraníes y son objeto de controversia incluso entre las propias ONG. 

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El Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), con base en Noruega, habla de 192 fallecidos, aunque reconoce que algunas fuentes elevan el número por encima de los 2.000. 

La disparidad refleja no solo la dificultad de verificar los datos, sino también el clima de censura y control estatal que impera en el país.

Cifras inciertas bajo represión estatal

Uno de los elementos más preocupantes es el apagón informativo impuesto por las autoridades. Este domingo se cumplió el cuarto día consecutivo sin acceso generalizado a internet, una medida que busca frenar la organización de las protestas y limitar la difusión de imágenes y testimonios. Estas medidas de bloqueo mediático es un comportamiento común también en occidente,  

Para los defensores de derechos humanos, este bloqueo no solo obstaculiza la verificación de cifras, sino que podría estar encubriendo una violencia aún mayor.

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Mahmud Amiri-Moghaddam, director de IHRNGO, advierte que las muertes registradas desde el corte nacional de internet podrían ser “mucho más altas de lo que imaginamos”. 

En su opinión, la República Islámica estaría incurriendo en crímenes internacionales, lo que obligaría a la comunidad internacional a actuar conforme al derecho internacional. Sin embargo, hasta ahora, las reacciones diplomáticas han sido tímidas y fragmentadas.

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Criminalización total de la protesta social

En paralelo, la Fiscalía General iraní ha dado un paso que agrava la tensión: calificar a todos los manifestantes como mohareb, enemigos de Alá. Este delito, contemplado en la legislación iraní, puede conllevar la pena de muerte, lo que convierte la protesta social en un acto equiparado a una amenaza existencial para el Estado religioso. 

Los medios públicos han confirmado arrestos masivos de supuestos “alborotadores”, reforzando un discurso que justifica la represión en nombre del orden y la fe.

Las protestas comenzaron el 27 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por el desplome del rial, la moneda nacional. Sin embargo, rápidamente evolucionaron hacia un rechazo más amplio a la clase política y a la gestión económica y social del país. 

Hoy, las movilizaciones se extienden por las principales ciudades iraníes y reflejan un malestar estructural, no una mera reacción coyuntural. Con datos de Europa Press.