RD y siete países rechazan el recuento de votos en Honduras
Consideran que decreto de la presidenta Xiomara Castro fractura la región
TEGUCIGALPA.- Honduras no logra salir del laberinto. Lo que debería haber sido una transición política tras las elecciones de noviembre se ha convertido en un choque de trenes diplomático que ya trasciende sus fronteras. La decisión de la presidenta saliente, Xiomara Castro, de ordenar por decreto un recuento total de los votos ha levantado una polvareda que recorre el continente, sumando el rechazo frontal de ocho gobiernos de la región.
Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana han firmado una nota conjunta que no anda con rodeos. Para estos países, el movimiento de Castro no es una búsqueda de transparencia, sino un golpe directo a la línea de flotación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y un atentado contra la institucionalidad democrática. El mensaje es claro: las reglas del juego no se pueden cambiar cuando el partido ya terminó.
El fantasma del fraude y la sombra de Trump
En el centro de la disputa están los números. El CNE declaró ganador a Nasry Asfura con una ventaja mínima: apenas un 0.74% de diferencia sobre Salvador Nasralla. En un país polarizado, ese margen es una mecha encendida. Castro, sin embargo, apunta más alto y señala directamente hacia Washington. Denuncia una injerencia de Donald Trump en el proceso y exige una "llamada directa" con él, mientras justifica su decreto en la existencia de casi 5,000 actas sin contar y cientos de impugnaciones por urnas infladas y compra de votos.
Para la mandataria, el CNE ha actuado con un "cinismo institucional" que deja a más de un millón de electores en la indefensión. Para sus críticos, el decreto es una maniobra desesperada para desconocer la victoria del Partido Nacional.
Un pulso por la legitimidad
La comunidad internacional mira con lupa lo que sucede en Tegucigalpa. Los ocho países firmantes no solo respaldan la proclamación de Asfura como presidente electo, sino que exigen que se respete el orden democrático y se garantice una transición en paz. Les preocupa que el desconocimiento de los resultados oficiales abra la puerta a una etapa de violencia política e inestabilidad que Honduras ya conoce de sobra.
Mientras Castro insiste en que su decreto es una defensa de la soberanía nacional, el aislamiento regional empieza a pasar factura. El pulso ya no es solo interno entre el oficialismo y la oposición; ahora es una batalla por la legitimidad internacional en una América Latina que observa, con creciente fatiga, cómo los procesos electorales terminan sistemáticamente en los despachos o en las calles, y no en las urnas.
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