CARD califica 2025 como el año del retroceso judicial en RD

Abogados denuncian justicia cara, lenta y negadora de derechos

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó el año 2025 como un período de “retroceso judicial”, marcado por una justicia costosa, lenta, deficiente y cada vez más distante de los derechos fundamentales de la ciudadanía. La valoración fue hecha en el marco de una jornada de protesta realizada frente a la Suprema Corte de Justicia, con motivo del Día del Poder Judicial.

La actividad, denominada Marcha Nacional por la Dignidad del Abogado y el Acceso a la Justicia, reunió a decenas de profesionales del derecho en una manifestación cívica y pacífica.

Desde allí, el gremio denunció lo que considera fallas estructurales del sistema judicial dominicano, entre ellas la falta de presupuesto, la mora judicial, la escasa ejecución de sentencias y las barreras reales para acceder a una tutela judicial efectiva.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que la movilización responde a una preocupación profunda por el deterioro del Estado social y democrático de derecho. Señaló que abogados y ciudadanos enfrentan a diario una justicia que no responde con prontitud ni equidad, especialmente en la jurisdicción administrativa, donde persiste una débil institucionalidad.

Durante la protesta, el gremio presentó una extensa lista de reclamos. Entre ellos, un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial; el rechazo al traslado de la Tercera Sala de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo a Los Mameyes, por las dificultades de acceso que genera; y el respeto al escalafón judicial, junto con mejores condiciones de vida para jueces y servidores judiciales.

También exigieron la apertura de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia, previstos en la Constitución desde hace más de 15 años y aún inexistentes. A esto se suman denuncias por el uso de furgones y espacios deteriorados para impartir justicia, la falta de estafetas exclusivas para abogados, el colapso de la jurisdicción inmobiliaria por trámites excesivos y una virtualización judicial sin la debida capacitación tecnológica.

El CARD criticó duramente los informes de rendición de cuentas del Poder Judicial, calificándolos como ejercicios retóricos sustentados en cifras y estadísticas que, a su juicio, no reflejan la realidad que vive la población. Potentini citó como ejemplo la desigualdad en el sistema penal, donde personas pobres enfrentan prisión por delitos menores, mientras casos de criminalidad de cuello blanco avanzan con lentitud o quedan impunes.

Finalmente, el gremio hizo un llamado directo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, para que deje como legado de su gestión la puesta en funcionamiento de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia. Según el CARD, estos tribunales son clave para equilibrar la relación entre el ciudadano y el Estado y garantizar el respeto efectivo de los derechos fundamentales.