Venezuela en estado de conmoción: ordenan capturar a "traidores"
Delcy Rodríguez asume poderes especiales y militariza sectores clave
Venezuela ha entrado formalmente en un terreno jurídico de excepción. Tras la captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, el Ejecutivo ha publicado este lunes un decreto de Estado de Conmoción Exterior que cambia drásticamente las reglas del juego en el país. La medida más agresiva es la orden inmediata de búsqueda y captura contra cualquier ciudadano que haya promocionado o apoyado públicamente la incursión militar de Estados Unidos.
El decreto instruye a todas las policías —nacionales, estatales y municipales— a actuar con celeridad en todo el territorio. Según el texto oficial, quienes sean señalados por respaldar el ataque armado serán puestos a disposición del Ministerio Público bajo la premisa de ser enjuiciados por traición, aunque el documento asegura que se respetarán las garantías del debido proceso.
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Militarización y control total
La estrategia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se limita a la persecución política. El decreto, que tendrá una vigencia inicial de 90 días, ordena la militarización inmediata de las infraestructuras críticas: desde las plantas eléctricas y de agua hasta toda la industria petrolera y básica del Estado.
Las fronteras terrestres, aéreas y marítimas están bajo vigilancia reforzada, y Rodríguez ahora tiene la potestad legal de cerrarlas por completo o restringir el tránsito de vehículos en cualquier punto de la geografía nacional.
Este estado de excepción otorga poderes extraordinarios que suspenden derechos fundamentales. A partir de ahora, las reuniones públicas y las manifestaciones quedan prohibidas.
Además, el Ejecutivo se reserva el derecho de requisar bienes privados si considera que son necesarios para la defensa de la nación, una medida que ha encendido las alarmas en el sector empresarial y civil.
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Un país a la espera de la Asamblea
Aunque el decreto ya está en marcha, la normativa exige que sea remitido a la Asamblea Nacional en un plazo de ocho días para su ratificación. Con un parlamento que acaba de ratificar a Jorge Rodríguez en la presidencia, se espera que el trámite sea una formalidad.
Venezuela se enfrenta así a un trimestre de incertidumbre total, operando bajo leyes de guerra mientras el mando político intenta contener la desestabilización interna tras el vacío dejado por Maduro.
El mensaje de Caracas al mundo es de "puño cerrado": cualquier disidencia que sea interpretada como apoyo a Washington será tratada como un objetivo policial.
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