ONU y OEA reaccionan con cautela y rigor ante la captura de Maduro
Los organismos internacionales rechazan la fuerza pero recuerdan el historial de represión
La incursión militar de Estados Unidos en suelo venezolano ha puesto a la diplomacia internacional en una encrucijada sin precedentes. Tras la captura de Nicolás Maduro bajo cargos de narcoterrorismo, tanto las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos (OEA) han tenido que hacer malabares para equilibrar dos realidades incómodas: el rechazo a una intervención armada unilateral y el pesado expediente de abusos del gobierno capturado.
Desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la postura ha sido tajante. La presidenta de la Misión de Determinación de Hechos, Marta Valiñas, no tardó en recordar que, aunque Maduro está acusado por Washington, el foco no debe desviarse de las atrocidades cometidas contra la población civil. Ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas están "ampliamente documentadas" tras años de represión.
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Sin embargo, la ONU ha dejado claro que un historial de crímenes de lesa humanidad no es un cheque en blanco para una intervención militar que ignore el derecho internacional.
En Ginebra, la preocupación es que la "volatilidad extrema" del momento actual desate una nueva ola de violencia. La intención de Estados Unidos de "administrar" Venezuela en el corto plazo, sumada al estado de emergencia declarado por las autoridades locales, crea un escenario donde los derechos de los ciudadanos venezolanos vuelven a estar en el fuego cruzado.
"Los derechos humanos deben ocupar el primer lugar, sin excepción", sentenció el experto Alex Neve, subrayando que el pueblo venezolano merece soluciones legales, no solo demostraciones de fuerza.
Mientras tanto, en Washington, los pasillos de la OEA hierven con una actividad frenética. El secretario general, Albert Ramdin, ha movido ficha convocando de urgencia al Consejo Permanente. Su discurso apuesta por una desescalada inmediata.
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Para Ramdin, cualquier salida sostenible debe ser pacífica y, sobre todo, ajustada a la Constitución venezolana. La prioridad ahora es evitar que la tensión acumulada explote en un conflicto civil o regional de mayores proporciones.
La OEA insiste en que la legitimidad democrática solo llegará a través de un diálogo inclusivo y no mediante la imposición externa.
Ramdin ha hecho un llamamiento a la unidad de los actores políticos venezolanos para preservar la convivencia, advirtiendo que la estabilidad no se construye de la noche a la mañana tras una incursión militar.
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El panorama es incierto. Con Maduro en manos estadounidenses y Venezuela en estado de shock, la comunidad internacional intenta trazar una hoja de ruta que rescate la institucionalidad sin validar el uso de la fuerza como método de resolución de conflictos.
El tablero está servido, y la presión sobre la Casa Blanca para que rinda cuentas por su proceder legal no hace más que aumentar. Con datos de Europa Press.
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