De fiscal a reo: 5 años de cárcel por contrabando

Un abogado de la Fiscalía de Elías Piña usaba una camioneta institucional para traficar mercancía ilegal

En la frontera, donde la línea entre la ley y el delito a veces parece difusa para algunos, la justicia acaba de enviar un mensaje contundente. Un tribunal de Las Matas de Farfán sentenció a cinco años de prisión a Henry Misael Roa Alcántara, un hombre que, hasta hace poco, caminaba por los pasillos de la Fiscalía de Elías Piña con la investidura de "Abogado I". Hoy, su realidad es muy distinta: pasará el próximo lustro tras las rejas por intentar burlar el sistema desde adentro.

El caso, que parece sacado de un guion de ficción, se remonta al 20 de octubre de 2024. Aquel día, Roa Alcántara no estaba realizando labores de investigación ni trasladando expedientes. Fue sorprendido en flagrante delito mientras conducía una camioneta Isuzu D-Max. Lo indignante del hecho no fue solo el cargamento, sino que el vehículo estaba rotulado con el logo oficial del Ministerio Público, la misma institución que él representaba.

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Un arsenal de contrabando en el asiento del chofer

Cuando las autoridades detuvieron el vehículo, lo que encontraron fue un esquema de contrabando a gran escala. En la parte trasera de la camioneta oficial, el hoy condenado transportaba 12 cajas selladas de cigarrillos marca Capital, que sumaban la impresionante cifra de 120,000 unidades. El uso de un recurso estatal para evadir los controles aduaneros fue la clave para que el tribunal no tuviera contemplaciones.

Pero el "kit" de ilegalidad no terminaba en la mercancía. Los jueces Eduardo Gerónimo Sánchez, Blaudy Luciano y Sauly González validaron las pruebas presentadas por la fiscal Diana Ramírez, que detallaban cómo Roa Alcántara portaba una pistola Glock P80 con la serie borrada, un cargador con ocho cápsulas, un radio de comunicación y varios dispositivos móviles. La posesión de un arma con numeración alterada agravó significativamente su situación jurídica, violando la Ley 631-16 para el Control de Armas.

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La caída de un colaborador judicial

El Ministerio Público logró demostrar que el abogado violó múltiples normativas, incluyendo la Ley de Aduanas y la Ley sobre la Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando. Para los jueces, el hecho de que el procesado se valiera de su cargo y de un bien público para delinquir representó una falta gravísima a la ética y a la confianza ciudadana.

Roa Alcántara ha sido enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña, el mismo distrito donde solía ejercer sus funciones legales. Allí cumplirá su pena una vez se agoten los plazos de apelación, cerrando así un capítulo oscuro de corrupción administrativa en el corazón del órgano persecutor.