Prisión para mayor del Ejército por muerte de Perla Santos
El oficial Mesa Arismendy cumplirá la medida en la cárcel de Las Parras
La justicia ha dado el primer paso formal tras la tragedia que enlutó al sector de Los Guandules durante las festividades navideñas. Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra el mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa Arismendy, señalado como el responsable de la muerte de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco.
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El suceso, que ha generado una profunda indignación, ocurrió la madrugada del pasado 26 de diciembre. Según el expediente presentado por el Ministerio Público, Perla transitaba por la avenida Francisco del Rosario Sánchez a bordo de una motocicleta junto a una prima y un amigo. Eran cerca de las 2:40 de la mañana cuando, sin mediar palabra ni motivo aparente, el oficial accionó su arma de reglamento, una pistola Colt calibre .45. El proyectil alcanzó a la joven en la cabeza, arrebatándole la vida de forma inmediata.
Las pruebas que hunden al oficial
La investigación, liderada por el director técnico de la Fiscalía, Kelvyn Colón, se apoya en evidencias contundentes que fueron clave para que el juez Rigoberto Sena tomara la decisión. Cámaras de vigilancia de la zona captaron al mayor caminando por la avenida con el arma en la mano tras el disparo.
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Además, las pruebas de balística resultaron determinantes. El casquillo recolectado en la escena del crimen coincide plenamente con la pistola del imputado. El cerco sobre Mesa Arismendy se cerró aún más cuando su propio hijo entregó de manera voluntaria la camioneta Kia Sorento propiedad de su padre, en cuyo interior se encontraron las vestimentas y el calzado que el militar vestía al momento del incidente.
Un proceso que busca justicia
El Ministerio Público ha tipificado el caso bajo los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan el homicidio voluntario. Tras su arresto el 27 de diciembre, el oficial ha permanecido bajo custodia hasta esta audiencia, donde se determinó que deberá cumplir la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.
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Este caso pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre el uso de armas de reglamento y la conducta de los miembros de los cuerpos castrenses en espacios públicos. Mientras el proceso legal avanza hacia la fase de juicio, la comunidad de Los Guandules espera que la sentencia final sea un reflejo de la gravedad de un acto que dejó un vacío irreparable en una familia dominicana.
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