Sindicatos rechazan cambios al Código Laboral y defienden la cesantía

Centrales advierten que no permitirán retrocesos en derechos laborales

Las principales centrales sindicales del país advirtieron que no aceptarán ningún intento de desmontar los acuerdos logrados tras más de una década de diálogo tripartito para reformar el Código de Trabajo, en especial la preservación de la cesantía laboral. La posición fue fijada por la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).

En una declaración conjunta, Rafael Abreu, Gabriel del Río y Jacobo Ramos, presidentes de la CNUS, la CASC y la CNTD, respectivamente, recordaron que los consensos alcanzados con el sector empleador y el Gobierno fueron fruto de 13 años de discusiones. Sin embargo, denunciaron que una vez el proyecto llegó al Congreso, sectores empresariales, grupos profesionales y un reducido número de legisladores buscan desconocer lo acordado.

Los dirigentes sindicales fueron claros: la cesantía no está en negociación. Aseguraron que se mantendrán vigilantes ante cualquier intento de modificar derechos adquiridos por los trabajadores. En ese contexto, valoraron el respaldo expresado por el presidente Luis Abinader a esta conquista laboral, que consideran una pieza clave de la protección social en el empleo.

Libertad sindical y salarios

Las centrales también alertaron sobre las dificultades que persisten para ejercer la libertad sindical y la negociación colectiva, pese a estar garantizadas por la Constitución. Denunciaron despidos de trabajadores que intentan sindicalizarse y trabas sistemáticas a los procesos de negociación en distintas empresas. Para el movimiento sindical, estos derechos siguen siendo esenciales para fortalecer la organización y la unidad de los trabajadores.

En materia salarial, reconocieron los recientes aumentos al salario mínimo del sector privado, impulsados en el marco del diálogo tripartito. No obstante, insistieron en que los ingresos actuales siguen siendo insuficientes frente al costo de la vida y la inflación, que reduce el poder adquisitivo de las familias. Por ello, reiteraron su apoyo a la indexación salarial prevista en las leyes financieras, sin que esto implique eliminar subsidios a los sectores más vulnerables.

También advirtieron que una eventual reforma fiscal debe ser progresiva y evitar que la carga recaiga sobre las mayorías. Recordaron que miles de empleados públicos aún perciben un salario mínimo de 10,000 pesos, congelado desde 2017, una situación que, afirmaron, profundiza el círculo de la pobreza.

Seguridad social y caso Senasa

Otro punto crítico fue el alto gasto de bolsillo que asumen los trabajadores para acceder a los servicios de la seguridad social, estimado en un 45 % de sus ingresos. Las centrales reclamaron una reforma profunda y urgente de la ley de seguridad social.

En ese mismo orden, exigieron una investigación a fondo sobre las irregularidades financieras denunciadas en Senasa, la ARS estatal. Llamaron a sancionar a los responsables de cualquier desfalco que afecte a una institución clave para la población más vulnerable.

Acoso laboral y seguridad en el trabajo

Las organizaciones sindicales expresaron preocupación por el aumento de denuncias de acoso laboral contra mujeres trabajadoras. Anunciaron que el tema será llevado al diálogo tripartito y propusieron la adopción del Convenio 190 de la OIT como herramienta para enfrentar la violencia y el acoso en el trabajo.

Finalmente, reclamaron mayor rigor en la prevención de accidentes laborales, citando tragedias recientes que han cobrado vidas en distintos puntos del país. A su juicio, tanto los trabajadores como la sociedad necesitan políticas más firmes que garanticen la seguridad en los centros de trabajo y en los espacios públicos.