Ministerio Público busca ratificar condena por Operación Iguana
Solicitan mantener penas de hasta 15 años por tráfico ilícito de migrantes
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público pedirá a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona que ratifiquen la sentencia que condenó a penas de 10 y 15 años de prisión a varios integrantes de la red de tráfico ilícito de migrantes desmantelada durante la Operación Iguana.
El órgano acusador solicitará al tribunal de alzada que rechace los recursos de apelación presentados por las defensas y confirme en todas sus partes la sentencia emitida el año pasado por el Tribunal Colegiado de Jimaní. Ese fallo impuso 10 años de prisión a Roberto Méndez Pérez, coordinador de control del puesto fronterizo de la Dirección General de Migración (DGM) en Jimaní, y al inspector Johan Rosario Castillo. En tanto, Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán fueron condenados a 15 años de prisión. Además, todos deberán pagar una multa equivalente a 150 salarios mínimos.
Las procuradoras de corte Yoanna Bejarán y Wendy González, titulares de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de la Procuraduría Regional de Barahona, respectivamente, explicaron que la posición del Ministerio Público es clara: mantener la condena tal como fue dictada en primera instancia.
Ambas fiscales subrayaron la gravedad de los hechos juzgados y recordaron que este tipo de delitos afecta de manera directa a personas en condición de vulnerabilidad, principalmente mujeres, niños, niñas y adolescentes, que suelen quedar expuestos a abusos, amenazas y extorsiones.
La audiencia de este lunes fue aplazada por los jueces Joselin Moreta, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, junto a Wanda Deñó y Santa Kenia Pérez Féliz. El tribunal fijó la nueva fecha para el próximo lunes 29 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, debido a la ausencia de dos abogados de la defensa.
La Operación Iguana fue ejecutada en 2022 con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales. Según el expediente, la red utilizaba la frontera domínico-haitiana como centro de operaciones para el tráfico ilegal de personas.
Durante los allanamientos, el Ministerio Público ocupó siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, más de 116 mil pesos en efectivo, 383 dólares, numerosos documentos y un arma de fuego calibre 9 milímetros.
La investigación, iniciada en diciembre de 2021 con apoyo de la Pepca y la DGM, vincula a los acusados con tráfico ilícito agravado de migrantes, secuestros y otros delitos, sustentados en múltiples leyes penales vigentes del país.
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