El Poder Judicial insta a jueces a cuidar la forma y el fondo de sus fallos 

Emite una exhortación para fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad en los tribunales.

SANTO DOMINGO.-En el mundo del derecho, no basta con que una sentencia sea legalmente correcta; también debe ser íntegra en su forma y en el comportamiento de quien la dicta. Bajo esta premisa, el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial ha lanzado un recordatorio contundente a todos los jueces y servidores judiciales del país: la ética no es un accesorio, sino el cimiento de la confianza pública.

La reciente Resolución núm. 001-2025, fechada este 22 de diciembre, surge tras un episodio que puso el foco sobre la conducta judicial. El órgano sostuvo un intercambio con el magistrado Rigoberto Sena Ferreras, quien recientemente tuvo a su cargo el mediático caso de las medidas de coerción del Seguro Nacional de Salud (SENASA). Si bien el Comité aclaró que su rol es preventivo y pedagógico —y no sancionador—, el encuentro sirvió para subrayar que la independencia judicial camina de la mano con la moderación.

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El peso de actuar "en nombre de la República"

El documento emitido no es un simple trámite administrativo. Es una llamada de atención sobre la responsabilidad de Estado que recae sobre cada juez. Al redactar una sentencia o actuar en el ámbito público, el magistrado no habla por sí mismo, sino en nombre de la República. Esta investidura exige una prudencia que debe reflejarse tanto en el estrado como fuera de él.

Durante el conversatorio, celebrado en la Suprema Corte de Justicia y encabezado por la jueza Nancy Salcedo Fernández, se debatió sobre la necesidad de que los jueces mediten profundamente sus actuaciones. El magistrado Sena Ferreras, por su parte, reafirmó su compromiso con la transparencia y reconoció que, en la labor jurisdiccional, el fondo de las decisiones es tan vital como la compostura de quien las toma.

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Un código para la legitimidad

La exhortación busca que ningún integrante del sistema judicial se sienta ajeno a las exigencias de la ética aplicada. El Comité, integrado también por los magistrados Justiniano Montero Montero y María Garabito Ramírez, recordó que el marco de referencia sigue siendo el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Este instrumento no busca coartar el criterio de los jueces, sino asegurar que la justicia sea percibida como un ejercicio de equilibrio y no de impulsos personales.

La resolución lleva la firma de las principales figuras de la justicia dominicana, incluido el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina Peña. El mensaje es claro y directo hacia la interna de los tribunales: en un entorno social cada vez más vigilante, el respeto a los valores institucionales es la única garantía para mantener la legitimidad del sistema.

Este movimiento del Poder Judicial intenta blindar la figura del juez frente al escrutinio público, recordándoles que la ética judicial es, en última instancia, el escudo que protege la majestad de la ley.