Condenas históricas en El Salvador contra 248 pandilleros de la MS-13 

Imponen penas de hasta 1,335 años por crímenes atroces cometidos entre 2014 y 2022

En un fallo que parece sacado de una novela de ficción por la magnitud de las cifras, la justicia de El Salvador ha propinado un golpe definitivo a una de las estructuras más violentas de la Mara Salvatrucha (MS-13). No son condenas comunes; hablamos de sentencias que alcanzan los 1,335 años de prisión para algunos de los 248 pandilleros procesados, un mensaje simbólico y contundente del Estado en su guerra abierta contra las bandas criminales.

El desglose de los crímenes cometidos entre 2014 y 2022 es una radiografía del horror que vivió el país centroamericano durante casi una década. 

La Fiscalía logró documentar más de 150 víctimas directas de una maquinaria delictiva que no solo mataba, sino que buscaba borrar el rastro de sus objetivos. 

Entre los delitos probados figuran 43 homicidios agravados, 42 desapariciones forzadas y tres feminicidios que conmocionaron a la opinión pública.

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El rastro de la sangre y el miedo

Dentro del expediente judicial resaltan nombres que se convirtieron en símbolos del dolor nacional. Entre ellos, el caso de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, cuya desaparición y posterior asesinato mantuvo en vilo al país, o el feminicidio de la joven futbolista Jimena Granados. 

La investigación reveló que estos delincuentes no solo se dedicaban a la sangre. La extorsión sistemática era su principal motor económico. Según el Ministerio Público, 86 comerciantes y pequeños empresarios fueron asfixiados financieramente, obligados a pagar cuotas imposibles bajo amenaza de muerte. 

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Justicia ejemplar o polémica política

Estas condenas no pueden leerse fuera del contexto político actual de El Salvador. Se enmarcan en la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele, una política de "puño de hierro" que, si bien ha logrado desplomar las tasas de homicidios a niveles históricos, camina sobre el filo de la navaja en términos de Derechos Humanos. 

Se cuentan más de 90,000 detenciones desde el inicio de las medidas de excepción, las organizaciones internacionales miran con lupa el debido proceso, mientras que dentro del país, una gran mayoría parece respaldar que los criminales no vuelvan a ver la luz del sol.

Lo que queda claro tras esta sentencia es que el sistema judicial salvadoreño ha decidido aplicar la máxima severidad. Para los familiares de las víctimas, la cifra de mil años de cárcel no les devuelve a sus seres queridos, pero al menos cierra un capítulo de impunidad en un país que, por fin, parece haber dejado de negociar con sus verdugos. Con datos de Europa Press.