Venezuela denuncia “piratería moderna” tras incautación de tercer buque petrolero

El Gobierno asegura que militares de EE. UU. retuvieron una nave en alta mar

CARACAS.- El Gobierno venezolano denunció este sábado lo que calificó como el robo y secuestro de una embarcación privada dedicada al transporte de crudo, presuntamente ejecutado por efectivos militares de los Estados Unidos en aguas internacionales. La acusación fue difundida a través de un comunicado oficial leído por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y que recoge el diario El Universal, en el que se alerta además sobre la desaparición forzada de la tripulación que se encontraba a bordo del buque.

Según la versión oficial, la nave fue interceptada fuera de cualquier jurisdicción nacional, lo que, a juicio del Ejecutivo, convierte el hecho en un acto de “piratería moderna”. El Gobierno sostiene que no existía causa legal alguna para la retención de la embarcación ni de su personal, y advirtió que este tipo de operaciones representan una escalada peligrosa contra la seguridad de la navegación marítima.

En el documento, Caracas afirma que la acción viola de forma directa varios tratados internacionales. Entre ellos, menciona el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, firmado en 1988, así como principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar. Para el Ejecutivo, estos acuerdos establecen reglas claras sobre el respeto a la soberanía, la libre navegación y la cooperación pacífica entre los Estados.

La denuncia va más allá del episodio puntual. El Gobierno venezolano encuadra el hecho dentro de lo que describe como una política sistemática de carácter colonial impulsada desde Washington.

En el comunicado, se afirma que este tipo de prácticas buscan intimidar y obstaculizar la actividad comercial del país, especialmente en el sector energético, considerado estratégico para la economía nacional.

Pese a ello, el Ejecutivo asegura que mantendrá su hoja de ruta económica. Reitera que continuará apostando por el fortalecimiento de sus motores productivos y por el desarrollo soberano de la industria de hidrocarburos, sin aceptar condicionamientos externos.

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es la situación de la tripulación. El Gobierno habló de desaparición forzada, sin ofrecer detalles sobre el paradero ni el estado de los tripulantes, lo que eleva la gravedad del caso y abre interrogantes sobre su situación legal y humanitaria.

Como respuesta, Venezuela anunció que no dejará el caso en el terreno de la retórica. El Ejecutivo informó que activará todas las vías legales y diplomáticas a su alcance, incluyendo la presentación formal de la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales.

Caracas sostiene que el derecho internacional debe prevalecer y que los responsables de este procedimiento deberán rendir cuentas. La advertencia final es clara: el país no considera este episodio un hecho aislado, sino un precedente que, de no ser enfrentado, podría afectar la estabilidad y la seguridad marítima a escala global.