Cuando la política captura al Estado, la salud se enferma

La lucha contra la corrupción no puede limitarse a perseguir delitos consumados

“El fraude descubierto en el Seguro Nacional de Salud no es un accidente. No es un fallo administrativo aislado ni una desviación puntual que pueda explicarse como error humano o desorden institucional. Lo que hoy estalla en SENASA es la consecuencia previsible —y anunciada— de un modelo político que convirtió al Estado en extensión de la competencia electoral, a las instituciones públicas en espacios de retribución política y al financiamiento de la política en el verdadero centro de poder. Cuando ese modelo se impone, la pregunta no es si habrá corrupción, sino cuándo y en qué magnitud”.

“Las cifras que investiga el Ministerio Público son elocuentes: un fraude que podría superar los quince mil millones de pesos, operado durante años mediante una estructura capaz de manipular sistemas internos, autorizar pagos al margen de controles, crear comités paralelos y utilizar empresas para justificar facturaciones irregulares. La procuradora general lo ha descrito como un esquema “cruel y siniestro”. Pero incluso esa calificación se queda corta si no se mira el contexto político que lo hizo posible”.

“Porque el problema de fondo no es solo el delito, sino la puerta por la que se entró al poder. Resulta imposible ignorar una pregunta central: ¿cómo una de las instituciones más sensibles del Estado dominicano, responsable de garantizar la salud de más de siete millones de personas, terminó bajo la dirección de alguien cuya principal experiencia previa fue encabezar el sector externo de una campaña presidencial, es decir, la estructura encargada de recaudar fondos y articular apoyos económicos?”

“En una democracia que funcione, quien administra miles de millones en recursos públicos, gestiona riesgos financieros y define políticas sanitarias debería llegar por mérito técnico, conocimiento del sistema de seguridad social y trayectoria en gestión pública. En la política dominicana, con demasiada frecuencia, se llega por otra vía: por la capacidad de recaudar, por la cercanía con el poder y por el rol jugado durante la campaña. SENASA no fue una excepción: fue la confirmación de una regla que el país ha normalizado peligrosamente”.

“Este caso adquiere una dimensión aún más grave cuando se coloca en el contexto político actual. El presidente de la República ha reiterado en múltiples ocasiones que en su gobierno no habrá impunidad. Ese compromiso es importante, pero hoy resulta insuficiente. Porque aquí no se trata únicamente de castigar a los responsables una vez cometido el daño. La magnitud de la afrenta es tal que no basta con decir “lo someto”. Hay hechos que, por su naturaleza y por el momento histórico en que ocurren, sencillamente no podían pasar”.

“Este gobierno llegó al poder interpretando —y beneficiándose políticamente— de la lucha de miles de ciudadanos que, desde las calles, enfrentaron la corrupción y la impunidad como sistema. Marcha Verde no fue una consigna electoral: fue una ruptura ética. Fue un mandato social que exigía algo más que persecución judicial posterior. Exigía que el Estado dejara de ser administrado como una extensión de campañas y pactos políticos. Que ciertas prácticas quedaran definitivamente fuera de lo posible”.

“Por eso el caso SENASA no es solo un problema judicial: es un quiebre moral. Porque no estamos ante un gobierno cualquiera ni ante una institución marginal. Estamos ante el seguro público de salud y ante una administración que prometió un cambio de paradigma. Que algo así haya ocurrido no puede explicarse solo con responsabilidades individuales. Revela una falla estructural: la política sigue entrando al Estado por la misma puerta de siempre”.

“El núcleo del problema es claro y persistente: la política dominicana se ha vuelto deliberadamente cara. No porque gobernar sea intrínsecamente costoso, sino porque se diseñó un sistema donde competir exige millones, redes de donantes, estructuras paralelas de financiamiento y compromisos que luego se cobran desde el poder. Ese diseño no es neutral. Expulsa a la ciudadanía común, bloquea la participación democrática y convierte al Estado en el mecanismo de retorno de la inversión política”.

“Cuando quien recauda es premiado con la dirección de instituciones que manejan enormes flujos de dinero y poder, la línea entre financiamiento político y administración pública desaparece. Y cuando esa línea se borra, la corrupción deja de ser una desviación para convertirse en un riesgo estructural permanente. No importa cuántos controles internos existan: el conflicto de origen ya está sembrado”.

“SENASA, además, no es cualquier institución. Es el corazón social del Estado dominicano. Cada peso desviado no es una abstracción contable: es una consulta que no llega, un medicamento que se retrasa, una familia que queda desprotegida. Cuando el sistema de salud se convierte en escenario de retribución política, el daño trasciende lo financiero y se convierte en una agresión directa a la dignidad humana”.

“Por eso este caso debería marcar un punto de inflexión. No basta con procesos judiciales, ni con sanciones ejemplares —aunque sean necesarias—, ni con discursos reafirmando que no habrá impunidad. La pregunta de fondo es si estamos dispuestos a cambiar la forma en que se financia y se organiza la política, o si seguiremos sorprendidos cada vez que el Estado, una vez más, sea capturado por los mismos incentivos perversos”.

“Mientras el acceso al poder dependa de quién recauda más, mientras las campañas sigan siendo un privilegio de quienes tienen capital o lo consiguen prometiendo favores, mientras dirigir el Estado sea la recompensa por servicios electorales, ningún sistema público estará a salvo. Hoy fue SENASA. Mañana será otra institución estratégica. No es una advertencia: es una constatación empírica”.

“La lucha contra la corrupción no puede limitarse a perseguir delitos consumados. Tiene que impedir que ciertos hechos sean siquiera posibles. Eso exige una reforma profunda del financiamiento político, reglas claras, límites reales, transparencia efectiva y, sobre todo, una decisión política de romper con la idea de que el Estado es el botín legítimo del triunfo electoral”.

“SENASA no solo pone en evidencia un fraude. Pone al desnudo una contradicción que el país ya no puede seguir evadiendo. Si la democracia dominicana quiere honrar la lucha que la llevó hasta aquí, tiene que empezar por cerrar definitivamente la puerta por donde el dinero de la política entra al Estado. Lo contrario es administrar el escándalo mientras se reproduce la causa”.

(Reflexión de un lector que mantiene apoyo crítico a Abinader).