Condenas cierran el cerco a la red de la Operación Discovery 2.0

Fraude, identidades robadas y bienes incautados tras dos años de pesquisa

Santo Domingo.- El fallo llegó con peso propio. En la sala, sin gestos triunfalistas ni discursos largos, el tribunal acogió íntegramente la acusación del Ministerio Público y dictó condenas contra 17 personas físicas y dos empresas que formaban parte de la red criminal desmantelada con la Operación Discovery 2.0. Fue el punto final de una investigación compleja, silenciosa por momentos, que se extendió durante más de dos años y cruzó fronteras.

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La red, según quedó probado en juicio, operaba desde República Dominicana, pero sus víctimas estaban a miles de kilómetros. Adultos mayores en Estados Unidos, personas en edad de retiro, fueron el blanco principal de estafas sistemáticas, robo de identidad y lavado de activos ejecutados con precisión tecnológica y apariencia de legalidad.

Call centers clandestinos y un fraude sin rostro

Los acusados trabajaban desde call centers clandestinos, camuflados como centros de servicios. Desde allí, ejecutaban campañas de fraude que vaciaban cuentas bancarias y borraban en minutos los ahorros de toda una vida. El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes lo resumió sin rodeos: no era improvisación, era una estructura criminal organizada y sostenida en el tiempo.

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El Primer Juzgado impuso penas de siete y cuatro años de prisión a varios de los implicados y ordenó la disolución de dos empresas utilizadas como fachadas operativas. Todos sus bienes pasaron a manos del Estado. También se dispuso el decomiso de una cantidad significativa de activos: vehículos, inmuebles, cuentas bancarias, dinero en efectivo, armas, joyas y equipos electrónicos.

El peso de la prueba y la cooperación internacional

La investigación, liderada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago, contó con el apoyo de autoridades estadounidenses, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Dedidet. El expediente incluyó más de 450 pruebas: interceptaciones, documentos, registros digitales y testimonios que el tribunal consideró legales, pertinentes y suficientes.

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En paralelo, se activaron mecanismos de cooperación judicial internacional. Hubo extradiciones y procesos abiertos contra imputados vinculados a la red desde territorio estadounidense, una señal clara de que el caso no se limitó a una jurisdicción.

Cabecillas, operadores y empresas disueltas

Entre los condenados figura Miguel Ángel Camilo Pérez, señalado como uno de los cabecillas, quien recibió siete años de prisión. Otros operadores clave fueron condenados a cuatro años de reclusión, mientras que varios implicados recibieron penas de prisión suspendida.

Las sentencias también alcanzaron a Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL, disueltas judicialmente por su rol dentro del esquema.

Con la Operación Discovery 2.0, el Ministerio Público envía un mensaje directo: el ciberdelito y la criminalidad organizada no quedarán impunes. Más allá de las condenas, el caso deja claro que estas redes no solo dañan a sus víctimas, sino que golpean la credibilidad del país. Esta vez, la justicia habló con pruebas y tiempo suficiente para que no quedaran dudas.