MP tumba “coartada” de salud de Hazim: "Hacía vida normal"

Fiscales: Ningún forense certificó la enfermedad que alega

SANTO DOMINGO.— La estrategia de la defensa de Santiago Marcelo Hazim Albainy para evitar la cárcel ha chocado de frente con la postura del Ministerio Público. En una audiencia cargada de tensión, el órgano acusador desmontó este fin de semana la "carta de salud" jugada por el exdirector del SeNaSa, asegurando que no existe ni un solo aval de un médico forense oficial que acredite las supuestas dolencias que ahora, ya imputado, dice padecer.

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El argumento de la Fiscalía fue directo y demoledor ante el juez: hasta el minuto antes de que estallara la Operación Cobra, Hazim llevaba una vida social y laboral sin contratiempos. "El imputado y su defensa recurren ahora al tema médico para evadir el proceso, pero los testigos son claros: se desempeñaba con total normalidad en el SeNaSa y en su vida privada", alegaron los fiscales, subrayando que las complicaciones de salud han aparecido, casualmente, justo cuando las esposas se han cerrado.

La discusión no es menor. En los tribunales, no basta con una receta privada o una queja verbal. El protocolo exige que un perito designado por el tribunal o el Ministerio Público certifique si un procesado está apto o no para prisión preventiva. Eso, según los fiscales, no ha ocurrido. Nadie ha validado oficialmente que Hazim no pueda soportar la reclusión que solicitan.

Un desfalco histórico en el sector salud

Detrás del debate sobre su salud, lo que pesa en el expediente es una cifra mareante: 15 mil millones de pesos. Esa es la cantidad que, según la investigación, fue desfalcada de las arcas del Estado a través de una estructura de corrupción enquistada en el Seguro Nacional de Salud.

Hazim Albainy no está solo en el banquillo, pero sí en la cima de la pirámide. Se le señala como la cabeza de una red que no solo sustrajo fondos, sino que cobró sobornos por más de 2.000 millones de pesos. Junto a él, figura Germán Robles, exconsultor jurídico de la entidad, como otra pieza clave del engranaje. Todas estas imputaciones deberán ser probadas en la Justicia.

Para el Ministerio Público, dejar a Hazim en libertad o bajo arresto domiciliario es un riesgo que la sociedad no puede permitirse. Han solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, argumentando que se cumplen todos los requisitos de gravedad: hay una pluralidad de víctimas (básicamente, todos los afiliados al seguro público), un daño social incalculable y, sobre todo, una traición a la función de "garante de la salud" que debía ejercer el funcionario.

"Cantaron" tres imputados

El viernes fue un día negro para la defensa de Hazim. Durante la audiencia, la solidez del grupo de acusados se resquebrajó. Tres de los imputados decidieron admitir los hechos ante el tribunal. Sus testimonios fueron lapidarios: confirmaron haber pagado sobornos directamente a Santiago Hazim y a otros altos cargos de su gestión.

Estas confesiones se suman a una montaña de pruebas que los fiscales han arrastrado hasta el tribunal: más de 138 documentos, 35 testimonios adicionales y peritajes financieros que rastrean la ruta del dinero. El Ministerio Público sostiene que se trata de crimen organizado puro y duro, con una estructura sistemática diseñada para delinquir y ocultar lo robado.

De hecho, una de las razones por las que insisten en la prisión preventiva es el comportamiento del propio Hazim durante la investigación. Según los fiscales, el exfuncionario no se quedó de brazos cruzados: realizó maniobras para ocultar bienes adquiridos ilícitamente e intentó, con alevosía, silenciar a posibles testigos para que no colaboraran con la justicia.

Domingo decisivo

La audiencia, que se extendió hasta la 1:00 de la madrugada del sábado, dejó a todos exhaustos pero a la espera del martillazo final. El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió tomarse una pausa para deliberar ante la magnitud del expediente.

La cita es este domingo 14 de diciembre a las 6:00 de la tarde. A esa hora, el magistrado Sena subirá a estrado para decidir la suerte de los implicados.

El país estará atento. No se trata solo de un caso de corrupción más; se juzga el saqueo a un derecho fundamental como la salud. Los cargos son una lista larga de delitos graves: coalición de funcionarios, prevaricación, estafa al Estado, falsificación y lavado de activos. Si el juez acoge la petición del Ministerio Público, Hazim deberá esperar el juicio tras las rejas, sin que su alegada enfermedad le sirva, por ahora, de salvoconducto.