Ocho condenados por la Operación Colibrí; cinco irán a juicio de fondo 

Un juez de Santiago dictó penas de 3 a 6 años a miembros de la red que tramitaba miles de documentos falsos

SANTIAGO. La Operación Colibrí, una investigación crucial del Ministerio Público contra una vasta red de falsificación de documentos públicos y privados, ha logrado sus primeras condenas. Un juez de instrucción de Santiago acogió el procedimiento penal abreviado y sentenció a ocho personas con penas que oscilan entre los 3 y 6 años de prisión, mientras que otros cinco imputados han sido enviados a juicio de fondo.

La estructura criminal operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago, dedicándose a tramitar y vender miles de documentos falsos que iban desde actas de nacimiento y cédulas de identidad hasta títulos universitarios, de propiedad, licencias de conducir y permisos para porte de armas. Las autoridades destacaron que estas maniobras ponían en grave riesgo la seguridad jurídica del país.

Condenas por falsificación masiva

Los condenados en este primer juicio abreviado, quienes aceptaron su culpabilidad en el caso, recibieron las siguientes sentencias:

• Seis años de prisión: Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas.
• Cinco años de prisión: Yanuel Morales Rodríguez (Google).
• Tres años de prisión: José Carlos Montero.

El acuerdo de culpabilidad fue gestionado por las fiscales litigantes Esther María González Peguero, en representación del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral (JCE), y Liliana Guillén, de la Fiscalía de Santiago.

Por otro lado, el tribunal, encabezado por el juez Job García Hurtado, ordenó el envío a juicio de Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya, quienes enfrentarán el proceso de fondo.

Falsificación sofisticada y vigilancia condicional

La investigación, liderada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de agentes encubiertos de la Dirección de Seguridad Civil de la JCE y el DICRIM, reveló el modus operandi de la red. 

Los criminales eran capaces de borrar el contenido de las actas originales, preservando el papel de seguridad en el que se imprimen, para luego estampar la información falsa. De esta forma, generaban documentos casi idénticos a los originales en términos de características de seguridad.

La Fiscalía aportó más de 800 elementos de prueba, incluyendo los plásticos incautados que eran usados para la impresión de los documentos oficiales. El expediente detalla cómo los "buscones" captaban clientes y tramitaban los trabajos a otros miembros de la estructura según su "especialidad".

El juez García Hurtado admitió el acuerdo, disponiendo una suspensión parcial de la pena, tomando en cuenta el tiempo que los condenados ya habían permanecido en prisión preventiva. La suspensión está sujeta a reglas estrictas de conducta:

1. Residir en el domicilio aportado y notificar cualquier cambio.
2. Abstenerse de realizar cualquier tipo de estafa o conducta dolosa, incluyendo el uso de medios electrónicos.
3. Aprender una profesión u oficio que les permita un trabajo digno.

El incumplimiento de cualquiera de estas reglas obligará a los condenados a cumplir la pena completa en prisión, bajo la calificación jurídica de asociación de malhechores y falsificación de documentos públicos y privados, según el Código Penal y la Ley 8-92.