Tres imputados admiten sobornos y complican el caso SeNaSa

La parte acusadora solicitó 18 meses de prisión preventiva y que se declare el proceso como de tramitación compleja.

SANTO DOMINGO.– La Operación Cobra entró este jueves en un punto de tensión que no suele verse tan temprano en un proceso de coerción: tres de los imputados confesaron ante el tribunal que pagaron sobornos a funcionarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), entre ellos su exdirector, Santiago Hazim, y el consultor jurídico Germán Robles. Las admisiones movieron la dinámica de la audiencia y reforzaron el expediente que el Ministerio Público presenta como uno de los más amplios sobre corrupción reciente.

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La procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Pepca, confirmó que los imputados que hablaron lo hicieron identificando pagos ilícitos y entregando documentos que, según explicó, apuntalan la estructura delictiva descrita en la acusación. «Han admitido su participación y su colaboración con el Ministerio Público», dijo al salir de la sala, señalando que las confesiones tocan directamente al exdirector de la institución.

El caso, que involucra a diez personas, describe un esquema que habría desangrado al Estado con miles de millones de pesos mediante maniobras internas en SeNaSa. Solo en sobornos, el Ministerio Público calcula más de 2 mil millones de pesos. Además de Hazim, figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

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La parte acusadora solicitó 18 meses de prisión preventiva y que se declare el proceso como de tramitación compleja. Ortiz justificó la petición resaltando la dimensión social del caso: “Estamos hablando de un seguro que cubre a más de siete millones de dominicanos”. Esa amplitud, agregó, convierte a cada irregularidad en un daño que trasciende la administración pública y toca servicios esenciales.

El procurador adjunto Wilson Camacho encabezó el equipo litigante, acompañado por un grupo de fiscales que presentó un paquete probatorio voluminoso: 138 documentos, más de 35 testigos y peritajes que buscan demostrar la existencia de una red organizada para manipular procesos internos, alterar registros y facilitar pagos irregulares. Según Ortiz, la defensa continuará exponiendo este viernes en la tarde, antes de la réplica final del Ministerio Público.

La audiencia, que se extendió pasada las 11:00 de la noche del jueves, terminó con un receso dispuesto por el juez Rigoberto Sena. Para ese momento, la mayoría de los imputados ya había expuesto sus argumentos, algunos intentando desligarse y otros señalando fallas procedimentales.

En paralelo, la presión pública aumenta: la expectativa ciudadana y el peso político del caso colocan al tribunal ante un expediente que combina cifras millonarias, altos cargos y una institución que administra la salud de la mayoría de la población. El Ministerio Público insiste en que perseguirá no solo sanciones penales, sino el decomiso del dinero presuntamente sustraído.

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Los cargos imputados abarcan asociación de malhechores, soborno, prevaricación, falsificación, uso de documentos falsos, lavado de activos y estafa contra el Estado. En lo que queda de audiencia, la clave será observar cómo se sostienen —o se debilitan— las confesiones que este jueves rompieron el silencio dentro del caso Cobra.