Exviceprimer ministro cubano, condenado a cadena perpetua por "traición a la patria"

Alejandro Gil, exministro de Economía, recibe la pena máxima en un proceso rodeado de oscurantismo

La caída en desgracia del que fuera el rostro más visible de la economía cubana ha culminado con una sentencia contundente. Alejandro Gil Fernández, el antiguo viceprimer ministro y exministro de Economía, ha sido condenado a cadena perpetua y 20 años de cárcel en dos causas separadas, acusado de una decena de delitos que van hasta la “traición a la patria”.

El fallo contra Gil, quien hace solo dos años era visto como la mano derecha del gobernante Miguel Díaz-Canel, fue notificado este lunes por el Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP). La decisión cierra la maniobra política y judicial del régimen que comenzó con la destitución repentina del funcionario en febrero de 2024.

Sin embargo, el veredicto, aunque esperado por una población hastiada, no disipa el oscurantismo que ha rodeado el proceso. En medio de la peor crisis económica de las últimas décadas, el Gobierno se limitó a ofrecer detalles escuetos sobre la condena de quien muchos consideran el último chivo expiatorio del castrismo.

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Engaño a la dirección y daños irreversibles

El comunicado del Tribunal fue directo al señalar la gravedad de la actuación del exfuncionario: concluyó que Gil “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando, con ello, daños a la economía”.

Gil Fernández fue el artífice de la tristemente célebre Tarea Ordenamiento, la reforma que en 2021 prometía sacar a Cuba del estancamiento mediante el fin de la doble moneda y una reestructuración de precios. 

Cuatro años después de aquellas promesas, el territorio está más empobrecido, aunque el descalabro económico, como bien se sabe, es un proceso acumulativo de décadas y no solo producto de sus medidas fallidas.

Pero las acusaciones van mucho más allá de la gestión económica. La información oficial difundida por el TSP detalla que el exministro “incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo”.

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El Tribunal justifica la severidad de la pena —la máxima en el código penal— al calificar estos comportamientos como “altamente lesivos”, los cuales evidenciaron en el acusado una “degradación ética, moral y política”. 

De acuerdo con el Artículo 4 de la Constitución, la traición a la Patria es el crimen más grave, y quien lo comete está sujeto a las sanciones más severas.