Corte acoge petición del Ministerio Público y anula sentencia previa

Ordenan nuevo juicio por caso de abuso en Puerto Plata

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– La Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata ordenó la celebración de un nuevo juicio contra Wander Samuel Franco Aybar y la madre de la adolescente víctima, acogiendo la solicitud del Ministerio Público. El proceso original concluyó con condenas de 2 y 10 años, respectivamente, pero será reexaminado tras las impugnaciones presentadas por las partes.

Franco Aybar había sido condenado a dos años de prisión, con suspensión de la pena, por abuso psicológico y sexual contra una adolescente. La madre de la víctima recibió 10 años por explotación sexual comercial y lavado de activos. Ambos deberán volver a juicio luego de que el tribunal de alzada entendiera necesario reproducir nuevamente las pruebas.

El Ministerio Público había solicitado que la Corte dictara su propia sentencia e impusiera cinco años de prisión a Franco Aybar por abuso sexual infantil, pero consideró que un nuevo juicio permitirá obtener condenas más acordes con la gravedad de los hechos. Los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán afirmaron estar preparados para lograr las sanciones ejemplares que demanda el caso.

La decisión fue adoptada por los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, quienes habían reservado el fallo para este 9 de diciembre de 2025. La resolución surgió tras conocer los recursos de apelación, incluyendo el del Ministerio Público, contra la sentencia emitida el 27 de junio pasado por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata.

En primera instancia, Franco Aybar fue declarado culpable de violar el artículo 396, letras b y c, del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03). Además del pago de 10 salarios mínimos, se le ordenó mantenerse alejado de adolescentes con fines sexuales. En caso de incumplimiento, deberá cumplir la pena en el CCR San Felipe de Puerto Plata.

La madre de la víctima, por su parte, fue enviada al CCR Rafey Mujeres, en Santiago, tras comprobarse su participación en delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos. Su condena incluyó una multa de 30 salarios mínimos y el decomiso de siete bienes incautados durante la investigación: un solar de 600 metros cuadrados en Villa Montellano, un vehículo del año 2023, un depósito bancario de RD$2.1 millones, 68,500 dólares en efectivo, 800,000 pesos dominicanos y varios equipos electrónicos.

Los valores inmovilizados en la cuenta bancaria de la procesada también quedaron bajo control del Estado, como dispuso el tribunal, junto al pago de las costas penales del proceso.

Con la decisión de la Corte, el caso volverá a tribunales, donde se espera una revisión completa de las pruebas y nuevas determinaciones sobre las responsabilidades penales de los imputados.