Ministerio Público pide prisión preventiva por Operación Cobra

Solicitan 18 meses de cárcel para nueve imputados por desfalco millonario en SeNaSa

SANTO DOMINGO. El Ministerio Público intensificó este lunes su ofensiva contra la corrupción administrativa al solicitar 18 meses de prisión preventiva para diez personas acusadas de desfalcar miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en el marco de la denominada Operación Cobra.

La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, junto con la petición de declarar el caso como de tramitación compleja, debido a la magnitud del fraude y la cantidad de implicados.

Entre los imputados figura Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, señalado como cabecilla del entramado. Junto a él están Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán depositaron el expediente que sustenta la acusación. Según explicó el fiscal Héctor García, el desfalco asciende a 15 mil millones de pesos, afectando gravemente las finanzas del sistema público de salud.

La investigación está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), lideradas por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz. Ambos han reiterado que el proceso sigue abierto y se esperan más revelaciones.

A los imputados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Este caso se suma a la lista de operaciones anticorrupción que han marcado la agenda judicial en los últimos años, reflejando la firme intención del Ministerio Público de enfrentar la impunidad y recuperar los recursos públicos.