Abinader promulga el nuevo Código Procesal Penal

La reforma entra en vigencia este martes en el DN y el miércoles en todo el país.

SANTO DOMINGO.-La justicia penal dominicana acaba de recibir la actualización más profunda de la última década. Este domingo, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 97-25, un texto que no solo reescribe el Código Procesal Penal, sino que intenta sacudir la lentitud y las arbitrariedades que han lastrado al sistema. 

Según Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la nueva norma entrará en vigor este martes en el Distrito Nacional y el miércoles en todo el país.

Destacó que la nueva ley moderniza el texto vigente hasta hoy, ya que fortalece parte importante de los 28 principios del proceso penal.

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El gran cambio de esta reforma toca una de las fibras más sensibles de la opinión pública: los plazos. Se acabaron los archivos provisionales que dormían en gavetas por tiempo indefinido; ahora tienen un límite de dos años. 

Además, el sistema fija un tope de cuatro años para procesos ordinarios y cinco para los complejos. Es un mensaje claro para fiscales y jueces: el tiempo de la justicia ya no es infinito.

La ley también apuesta fuerte por la justicia restaurativa y los acuerdos. Ahora, delitos con penas de hasta cinco años pueden resolverse mediante conciliaciones o procedimientos abreviados, lo que busca desahogar las cárceles y las salas de audiencias. 

"Queremos una justicia centrada en solucionar el conflicto, no solo en castigar", explicó Peralta al destacar la economía procesal que ganará el Estado dominicano.

Para el ciudadano investigado, las garantías suben de nivel. El derecho a la defensa se activa desde el primer momento —incluso ante un bloqueo de cuentas— y se refuerza el acceso a contraperitajes. 

En cuanto a las medidas de coerción, los jueces tendrán que ser mucho más rigurosos al motivar por qué envían a alguien a prisión, priorizando la libertad bajo criterios de razonabilidad.

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Lo que hace diferente a esta ley es su origen. No fue un proyecto de escritorio; en su redacción participaron desde el Ministerio Público hasta la Defensa Pública y la comunidad jurídica. El resultado es un código armonizado con el nuevo Código Penal y la Ley de Extinción de Dominio. 

En definitiva, el país estrena una herramienta que promete ser más humana y, sobre todo, mucho más rápida. Si la teoría se lleva a la práctica, los eternos juicios que parecen no tener fin en República Dominicana tienen los días contados.