La industria dominicana exige un arbitraje justo para las galletas importadas

La AIRD respalda la investigación, pidiendo estricto apego a las reglas de juego y la ley.

Santo Domingo.- El sector industrial dominicano ha tomado partido de forma clara en la polémica que rodea a la entrada masiva de galletas del exterior. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el principal gremio del país, ha salido al paso para respaldar a las empresas locales que han solicitado a la Comisión de Defensa Comercial (CDC) que ponga la lupa sobre las importaciones de galletas procedentes de naciones con las que no existen tratados de libre comercio.

• La postura de la AIRD no es un capricho, sino un llamado a respetar la institucionalidad, han planteado. En una declaración pública que busca poner los puntos sobre las íes, la asociación ha defendido sin ambages la necesidad de permitir que este proceso de investigación siga su cauce, amparado en la normativa vigente.
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El fundamento es claro y se asienta en el estricto respeto a las reglas de juego y a los mecanismos de protección diseñados precisamente para salvaguardar la producción nacional ante la competencia desleal o el incremento desmedido de importaciones.

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, ha sido enfático al señalar que las empresas solicitantes han actuado en el marco de la ley. "Las empresas que han sometido la solicitud de investigación han actuado acorde al marco legal correspondiente y en uso legítimo de los instrumentos de defensa comercial contemplados por la Ley 1-02 sobre Prácticas

Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardias, así como por los acuerdos correspondientes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de los que somos parte", precisó Pujols. No se trata, insiste la AIRD, de un veto arbitrario, sino del ejercicio de un derecho legítimo que está a disposición de cualquier industria.

Pujols no escatimó en destacar la importancia de la Comisión de Defensa Comercial, a la que calificó como una "institución esencial" para blindar a la industria local. La CDC es el árbitro llamado a garantizar un terreno de juego equitativo frente a las prácticas desleales o el aumento de importaciones que puedan causar un daño real a la economía y el empleo dominicanos.

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El ejecutivo del gremio recordó además que la misma Ley 1-02 ya declara de "interés nacional" proteger la producción doméstica de los incrementos en las importaciones de galletas que se han estado registrando en el mercado local. Esto subraya que la preocupación de la industria no es solo sectorial, sino un asunto que toca la fibra del interés económico del país.

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Es crucial entender, como bien ha aclarado la AIRD, que lo que existe hasta ahora es solo el inicio de una investigación. La ley es minuciosa y establece pasos muy definidos que deben cumplirse a cabalidad antes de que la CDC emita una decisión oficial. Según la información que ha trascendido, la resolución preliminar no se publicará antes de finales de febrero de 2026.

"Por lo pronto, toca esperar que este proceso administrativo continúe con normalidad", sostuvo Pujols, quien añadió un punto clave sobre el debido proceso: "recordando que cada decisión de la CDC es recurrible, por lo que cualquiera de las partes involucradas que entienda que sus derechos han sido afectados tiene la facultad de ventilar el tema ante los tribunales competentes".

Con esta declaración, la AIRD no solo brinda su apoyo, sino que reitera su confianza plena en la institucionalidad dominicana y en la capacidad técnica de la CDC para llevar a cabo una investigación que sea rigurosa, transparente y que se ajuste estrictamente a los criterios legales establecidos en la Ley 1-02 y los acuerdos internacionales de la OMC. Se espera un proceso limpio y con un resultado que honre el marco legal vigente.