Condenan a 30 años mujer que contrató a un sicario para matar a su socio

Lo que comenzó como una disputa económica terminó en un crimen meticulosamente coordinado

SANTO DOMINGO.-La historia detrás de la condena de Masiel Encarnación Encarnación es tan fría como calculada. Un tribunal de Santo Domingo Oeste le impuso 30 años de prisión por orquestar el asesinato de su propio socio comercial, Alex Olmedo Soto Arias, ocurrido el 2 de octubre de 2024 en Manoguayabo. 

Lo que comenzó como una disputa económica dentro de la empresa que ambos compartían —la Distribuidora de Alimentos y Más Olma— terminó en un crimen meticulosamente coordinado.

Allanamientos en Santiago conducen a arsenal y dos toneladas de cable

Según la investigación del Ministerio Público, la procesada decidió resolver las diferencias financieras por la vía más extrema: contactó y contrató a Edison Alexander Cuevas Abreu, hoy prófugo de la justicia para que lo eliminara. 

El plan, tan simple como retorcido, consistió en que Cuevas Abreu se hiciera pasar por un vendedor de carne de pollo a precios bajos. Con esa excusa logró que Soto Arias acudiera a la carretera Palavé, donde supuestamente recibiría una entrega de pechugas.

Cuando la víctima llegó al punto acordado, el sicario montó una escena de discusión y, en cuestión de segundos, abrió fuego. El ataque fue directo, sin margen para reacción. Luego huyó, dejando como única pista la coartada que había servido para tender la trampa.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó un expediente sólido. Las fiscales Vilma Méndez, Francheska Alcántara y Sugely Valdez llevaron al tribunal un conjunto de evidencias documentales, periciales y testimoniales que no dejó espacio para dudas. 

La acusación —basada en la investigación de la fiscal Yessica Durán— detalló la relación comercial entre la imputada y la víctima, así como cada paso previo al asesinato.

Zoodom desmiente la llegada de serpientes venenosas desde Puerto Rico

El tribunal concluyó que Encarnación Encarnación violó múltiples disposiciones del Código Penal dominicano, entre ellas los artículos 265, 266, 295, 297, 298, 302 y 304 II, además de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas y Municiones.

Por decisión de las juezas Clara Josefina Cruz, Nelcy Ortega y Leonarda Quezada, del Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, la condenada cumplirá la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

Un caso que revela cómo una disputa económica puede escalar hasta un crimen que destruye dos vidas: la de quien muere y la de quien decide matar.