Aplazamientos vuelven a trabar el caso de corrupción más sonado

El Ministerio Público critica el vigésimo retraso y advierte desgaste

Santo Domingo.- El proceso por corrupción que involucra a los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta volvió a frenarse, esta vez por vigésima ocasión. El Ministerio Público no escondió su molestia y afirmó que cada retraso erosiona la confianza en la justicia dominicana. Según los fiscales, la secuencia de aplazamientos ya luce como una estrategia para vaciar de fuerza uno de los expedientes más complejos que ha manejado el sistema.

El revés de este jueves se produjo cuando la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia preliminar. La defensa de Rafael Porfirio Calderón presentó un certificado médico que alegaba siete días de reposo tras un procedimiento quirúrgico ambulatorio. El documento fue suficiente para pausar la jornada y mover el expediente una vez más en el calendario.

La jueza no ocultó su preocupación. Recordó que, apenas días antes, el tribunal ajustó fechas para dar cabida a otras peticiones de las defensas, lo que ya había provocado mover dos días del cronograma. Explicó que este nuevo certificado médico vuelve a dejar claro que el proceso lleva meses atrapado en una dinámica que parece no tener fin.

También respondió a la defensa de Nathaly Hernández, la cual planteó que su oficina jurídica toma vacaciones colectivas a partir del 15 de diciembre. Ramírez reiteró que los jueces no hacen pausas colectivas y que las audiencias seguirán celebrándose mientras el calendario laboral lo permita. Afirmó que el tribunal no se apartará de su obligación de garantizar un plazo razonable para todas las partes, algo que la defensa suele citar para justificar sus propias solicitudes.

Sobre la petición de dividir o desglosar parte del expediente, hecha por la misma defensa, la jueza fue clara. Dijo que ese tipo de reclamo no procede en esta fase del proceso y que no se utilizará como excusa para excavar nuevas demoras.

El fiscal Arolin Lemos, quien forma parte del equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, señaló que el Ministerio Público ha acudido a todas las audiencias con la preparación necesaria y que la ciudadanía merece ver este caso avanzar. Admitió que la situación médica presentada por Calderón es entendible, pero insistió en que el proceso debe continuar bajo condiciones justas y seguras para todos.

Lemos explicó que los fiscales no se opusieron al nuevo aplazamiento, que dejó la audiencia fijada para el jueves 11. No obstante, subrayó que la acumulación de interrupciones no puede normalizarse, sobre todo en un caso que implica fondos públicos y acusaciones de alto impacto. El Ministerio Público recordó que varios abogados defensores han recurrido repetidamente a tácticas que, en conjunto, han alargado el expediente más allá de lo razonable.

Este jueves debía iniciar por segunda vez la presentación de los alegatos de la defensa de Gonzalo Castillo, lo que hubiera marcado un avance en la etapa preliminar. La pausa obligó a dejar esa parte pendiente.

El expediente acusa a Calderón, Hernández y a un amplio grupo de exfuncionarios y empresarios de integrar una estructura que habría desviado más de 19 mil millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y por sobornos destinados al financiamiento de la campaña electoral de 2020.

El Ministerio Público presentó cargos contra 46 personas físicas y jurídicas. Se les atribuye asociación de malhechores, desfalco al Estado, soborno, falsificación de documentos y lavado de activos. Entre los imputados figuran el abogado Ángel Lockward, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar Luis Miguel Piccirilo, y varios exfuncionarios de Hacienda y Catastro, además de particulares vinculados al esquema.

Con el proceso atrapado entre excusas, certificados médicos y ajustes de agenda, el clima dentro del tribunal se vuelve cada vez más tenso. La sociedad dominicana espera un cierre, pero el caso sigue detenido entre obstáculos que se repiten una y otra vez.