EE. UU. defiende un doble ataque contra embarcación en el Caribe

La Casa Blanca confirma y defiende el doble ataque contra una lancha en el Caribe que dejó once muertos.

Estados Unidos confirmó y defendió la legalidad de un controvertido doble ataque aéreo, ocurrido en septiembre, contra una embarcación en el mar Caribe. El suceso terminó con la muerte de sus once tripulantes, y lo más grave es que ocurrió tras una segunda incursión dirigida, presuntamente, a eliminar a los supervivientes del primer bombardeo.

La Administración de Donald Trump ha negado tajantemente que la orden de rematar a los sobrevivientes viniera directamente del secretario de Defensa, Pete Hegseth. En su lugar, la Casa Blanca ha apuntado al jefe del Comando de Operaciones Especiales, el almirante Frank Bradley, como el único responsable.

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La orden de "eliminación de la amenaza"

En una rueda de prensa, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, leyó un comunicado oficial para desligar a Hegseth. Según Leavitt, el jefe del Pentágono "autorizó al almirante (Frank) Bradley a llevar a cabo estos ataques", pero fue Bradley quien dio el paso decisivo.

"El almirante Bradley fue quien dio la orden de un segundo ataque y estaba plenamente autorizado para hacerlo", afirmó la portavoz, defendiendo que el militar "actuó dentro del marco de su autoridad y de la ley, dirigiendo la operación para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza a Estados Unidos".

La justificación de Washington se centra en la naturaleza de los objetivos. "Esta administración ha designado a estos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras", argumentó Leavitt, enfatizando que el presidente tiene la facultad de eliminarlos si representan una amenaza para el país, especialmente al traficar narcóticos que están "matando a nuestros ciudadanos a un ritmo récord".

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La tensión entre la ley y la práctica militar

La defensa de la Casa Blanca choca con una de las directrices más claras del propio Manual de Ley de Guerra del Departamento de Defensa. Este documento, en su capítulo quinto, prohíbe explícitamente "llevar a cabo hostilidades con el objetivo de que no haya supervivientes, o amenazar al adversario con negar cuartel".

Sin embargo, Leavitt ignoró la aparente contradicción, insistiendo en que la operación se llevó a cabo "en defensa propia para proteger a los estadounidenses en intereses vitales de Estados Unidos", y que fue legal "en aguas internacionales y de conformidad con el derecho de los conflictos armados".

A pesar de las informaciones de medios como The Washington Post y The Intercept sobre el remate de supervivientes, la portavoz insistió: "El almirante Bradley actuó correctamente, dentro de su autoridad y de la ley que regulaba el ataque".

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Apoyo incondicional a Bradley

Mientras el debate legal arde, Pete Hegseth ha cerrado filas en torno al almirante. En una publicación en la red social X, el secretario de Defensa mostró su "apoyo incondicional" a Bradley, calificándolo de "héroe estadounidense" y "verdadero profesional".

"Estados Unidos tiene la suerte de contar con hombres como él protegiéndonos", escribió Hegseth. "Cuando este Departamento de Guerra dice que respaldamos a nuestros guerreros, lo decimos en serio".

Aquel ataque de septiembre fue el primero de una serie de incursiones aéreas en el Caribe y el Pacífico oriental, todas bajo argumentos similares, que han acumulado al menos 83 víctimas mortales. 

Aunque en otro incidente posterior, en octubre, dos supervivientes fueron rescatados y devueltos a Colombia y Ecuador, la portavoz de la Casa Blanca no reconoció un cambio en la política respecto al tratamiento de quienes logran sobrevivir a estos bombardeos.