Operación Calamar: tácticas dilatorias aplazan audiencia 19 veces

Defensa usa licencias médicas para esquivar inicio del juicio preliminar.

SANTO DOMINGO.- Lo que debería ser un proceso judicial expedito y firme se ha convertido en un ejercicio de desgaste. La audiencia preliminar por el mega caso de corrupción Operación Calamar, que sienta en el banquillo a exministros de alto perfil como Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, fue pospuesta una vez más, la decimonovena desde que se fijó la primera cita.

La gravedad de las acusaciones—un supuesto desfalco al Estado dominicano superior a los RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes—contrasta dramáticamente con la ligereza con la que se ha manejado el proceso en la sala. 

El Ministerio Público (MP) ha reiterado su plena disponibilidad para el conocimiento de la audiencia, pero se enfrenta a una cadena ininterrumpida de tácticas que buscan prolongar indefinidamente el inicio del juicio.

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Fiscales de la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), como Melbin Romero y Miguel Crucey, recordaron que la primera convocatoria data de hace meses. 

Desde entonces, el camino se ha empantanado con una diversidad de recursos: desde recusaciones y desgloses de imputados, hasta la constante presentación de licencias médicas por parte de las defensas.

El certificado médico como recurso de aplazamiento

La última jugada dilatoria ocurrió este jueves. La audiencia estaba pautada para escuchar los argumentos de la defensa de Gonzalo Castillo, pero se frustró cuando el imputado Juan Tomás Polanco Céspedes presentó un certificado médico que le otorga una licencia de cinco días.

El fiscal Romero fue categórico al responder a los periodistas que cubren el proceso, señalando que esta ya es una estrategia recurrente: "La posición del Ministerio Público es que siempre hemos estado disponible para conocer la audiencia; sin embargo, diferentes partes de las defensas de este caso de Operación Calamar se han dedicado a la tarea de utilizar licencias médicas como instrumento dilatorio para que no se conozca".

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Ante esta nueva interrupción, la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez, no tuvo más remedio que aplazar la audiencia. La nueva fecha fue fijada para el próximo jueves 4 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.

El órgano acusador mantiene la firme convicción de que los imputados están ejecutando una estrategia calculada con el único interés de evitar que el proceso judicial avance y que los tribunales impongan las sanciones que demanda la sociedad dominicana. Este patrón de aplazamientos sistemáticos no solo ralentiza la justicia, sino que amenaza con desgastar la memoria pública y la capacidad operativa del sistema judicial.

Los cargos que no prescriben

El caso Calamar es uno de los expedientes de corrupción más complejos y voluminosos de la historia reciente del país. La acusación establece que los procesados integraron una estructura que desvió la millonaria suma mediante mecanismos fraudulentos. Esto incluye pagos irregulares por expropiaciones de terrenos que fueron declarados de utilidad pública, además de sobornos que habrían sido utilizados para el financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2020.

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El Ministerio Público presentó una acusación contra 46 personas, entre físicas y jurídicas, por delitos graves que incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno y lavado de activos. 

La reanudación de la audiencia es crucial para determinar si las pruebas son suficientes para enviar a juicio de fondo a los exfuncionarios y empresarios acusados de saquear las arcas públicas.