Caso Medusa al límite: lentitud judicial amenaza con la extinción penal

Participación Ciudadana advierte del grave daño a la justicia si prosperan las tácticas dilatorias. 

Santo Domingo.- El voluminoso expediente contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, conocido como caso Medusa, se ha convertido en el símbolo más claro de la fragilidad del sistema de justicia penal dominicano frente a la gran corrupción advierte Participación Ciudadana (PC). 

Sostiene la entidad que la prolongada lentitud de los tribunales no solo está minando la confianza ciudadana, sino que está creando el escenario perfecto para que la impunidad se imponga una vez más.

Indica que aprovechando la inacción judicial, el principal imputado se ha atrevido a cuestionar las evidencias de los retrasos. Rodríguez desmintió que solo en la fase preliminar se produjeran 94 aplazamientos, una cifra que PC documentó en su Segundo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa. 

Este dato, que de hecho se encuentra en la decisión del juez Amauri Martínez que envió el caso a juicio de fondo, expone la parálisis inicial del proceso.

El inicio del juicio de fondo, por su parte, ha acumulado ya 12 audiencias aplazadas a lo largo de 17 meses. Si bien algunas suspensiones se debieron a causas legítimas, como el fallecimiento de un abogado, la mayoría ha sido producto de recusaciones de jueces y recursos ante la Suprema Corte de Justicia, tribunal que también ha tardado en conocer y decidir sobre estos incidentes.

Tácticas de dilación y la defensa del imputado

La detallada observación del proceso permite a PC sospechar que la connivencia para defraudar al Estado, que se imputa en el fondo del caso, se ha replicado en las tácticas para dilatarlo. Se ha documentado la figura de imputados que, si bien alegan no participar directamente en los incidentes, promueven que otros lo hagan.

Recordemos que el caso Medusa imputa a 40 personas y 22 sociedades por estafar al Estado dominicano por más de 6 mil millones de pesos. Una verdad incómoda para los principales encartados es que la mitad de los imputados ya han reconocido su culpabilidad, señalando directamente como responsables a aquellos que se mantienen en la línea de la negación.

Recientemente, Jean Alain Rodríguez ha intentado desviar la atención, alegando que las dilaciones se deben a "plazos vencidos por la acusación, entregas tardías de pruebas y errores en el expediente". 

Con estas declaraciones, pretende desconocer las evidencias documentadas por PC sobre cómo imputados y sus abogados han incidentado el proceso con el claro objetivo de solicitar la extinción de la acción penal por sobrepasar el tiempo que establece la ley.

El llamado a la Suprema Corte: ¡No a los privilegios!

PC explica que más allá de los aspectos procesales que correspondan al Ministerio Público, la realidad es que el sistema de justicia dominicano nunca se había enfrentado a redes criminales tan amplias, complejas y poderosas. La ciudadanía no comprende por qué los jueces no pueden controlar estas tácticas claramente dilatorias y llegar a una decisión oportuna.

Participación Ciudadana reitera su solicitud urgente al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a todos los jueces a cargo de los grandes casos de corrupción: “no permitan que la impunidad se imponga de nuevo”.

El país no puede perder la oportunidad de sentar un precedente firme contra el robo de la cosa pública, añade.

La ciudadanía espera y exige que se haga justicia con diligencia, imparcialidad y apego a las leyes, sin que existan privilegios para los acusados de corrupción. La preservación de los avances en la lucha contra la impunidad está ahora en manos del poder judicial, concluye la entidad cívica.