La guerra es un negocio: mercenarios y empresas privadas desafían la soberanía global

La ONU advierte que la creciente presencia de firmas de seguridad privada amenaza los derechos humanos y la estabilidad estatal.

NACIONES UNIDAS.— La guerra ya no se libra únicamente entre ejércitos estatales. Un informe demoledor de las Naciones Unidas, presentado este viernes 7, ha puesto el foco en un fenómeno alarmante: la privatización de la seguridad y los conflictos armados. Expertos en derechos humanos alertaron que el papel creciente y a menudo opaco de los mercenarios y las Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSP) no solo está desestabilizando regiones enteras, sino que también está socavando la soberanía de los Estados.

El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios, mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destacó que la figura del "soldado de fortuna" ha evolucionado. Hoy operan bajo complejas estructuras corporativas que les permiten evadir marcos jurídicos y sortear la rendición de cuentas internacional, recoge la agencia IPS.

Jovana Jezdimirovic Ranito, presidenta del Grupo, expresó una profunda preocupación: "Estos actores no solo son reclutados en conflictos armados; su presencia se extiende peligrosamente a tiempos de paz, participando en operaciones antiterroristas, contra el crimen organizado e incluso en misiones humanitarias".

La experta serbia fue tajante al describir su rol: "Los facilitadores y promotores no son meros espectadores; a menudo son iniciadores y perpetradores clave de los conflictos".

El documento, sometido a la Asamblea General de la ONU, subraya que compañías como la rusa Wagner, las estadounidenses DynCorp y Academi (antes Blackwater), la canadiense GardaWorld o la británica G4S, representan la punta de lanza de esta industria global que capitaliza la violencia. Si bien el informe no incluyó una lista exhaustiva de contratistas, el mensaje es claro: la privatización de la fuerza tiene graves consecuencias sistémicas.

Los tres desafíos centrales: soberanía, abusos e impunidad

El análisis del Grupo de Trabajo se centra en las amenazas ineludibles que estos actores representan:

1. Desafío a la Soberanía Estatal: Cuando gobiernos o actores no estatales contratan estas fuerzas privadas, se erosiona el monopolio legítimo de la fuerza. Esto no solo debilita el Estado, sino que en ocasiones se convierte en una herramienta para evitar el escrutinio público sobre las bajas en combate, debilitando la rendición de cuentas democrática.
2. Graves Violaciones de Derechos Humanos: Existe un patrón bien documentado de abusos recurrentes. Mercenarios y sus contratistas son señalados por cometer ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y trata de personas. La naturaleza transnacional y la opacidad de sus operaciones actúan como un escudo, dificultando enormemente que las víctimas accedan a la justicia.
3. Impuesto de la Impunidad: La arquitectura legal internacional es lamentablemente insuficiente. La mezcla de jurisdicciones ambiguas, contratos secretos y complejas cadenas de subcontratación crea un "vacío de responsabilidad" que estos actores explotan sistemáticamente. El uso de plataformas digitales para el reclutamiento y para orquestar ciberataques y campañas de desinformación solo agrava la dificultad para rastrear y enjuiciar a los responsables.

A esto se suma la aparición de "nuevos modelos de negocio preocupantes", donde las EMSP ofrecen servicios híbridos que van más allá de la seguridad, incursionando en la inteligencia, la ciberguerra e incluso la influencia política, a menudo aliándose con élites corruptas para manipular los resultados de los conflictos.

El informe concluye con una severa advertencia: el mundo se enfrenta a una "privatización encubierta de la guerra" que corroe los pilares del derecho internacional humanitario. Por ello, el Grupo de Trabajo pide a los Estados actuar urgentemente. 

Instan a fortalecer el marco legal, considerar un nuevo instrumento jurídicamente vinculante para regular las EMSP, garantizar la jurisdicción universal para investigar estos crímenes, y asegurar que todas las víctimas obtengan justicia y reparación.