APROCOVICI denuncia abusos en operativos migratorios dentro de propiedades privadas

La entidad del Cibao advierte que las incursiones sin orden judicial vulneran derechos constitucionales y el Estado de Derecho

Santiago de los Caballeros, octubre de 2025. — La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) expresó su profunda preocupación por las recientes incursiones de agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en proyectos y propiedades privadas del país, realizadas —según denunció— en horas de la madrugada y sin la debida orden judicial.

La organización calificó estas actuaciones como una violación directa a derechos fundamentales protegidos por la Constitución de la República Dominicana, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, el derecho de propiedad y el debido proceso.

El presidente de APROCOVICI, ingeniero Sandy Rodríguez, fue enfático:

“Estos operativos, ejecutados sin control judicial ni justificación legal, vulneran principios esenciales de la convivencia democrática. El Estado no puede, bajo ningún concepto, irrumpir en propiedades privadas sin orden de autoridad competente ni decomisar bienes sin amparo legal. La Constitución no admite excepciones en materia de derechos fundamentales”.

Aunque la entidad manifestó su apoyo a los esfuerzos del Gobierno por regularizar la situación migratoria de los trabajadores extranjeros, insistió en que dichos procesos deben realizarse con estricto apego a la ley y sin atropellos que afecten la seguridad jurídica del sector construcción.

Los asesores legales de APROCOVICI citaron varios artículos constitucionales que, a su juicio, estarían siendo vulnerados: el 44 (inviolabilidad del domicilio), el 51 (derecho de propiedad), el 68 (garantía de efectividad de los derechos fundamentales) y el 69 (tutela judicial efectiva y debido proceso).

Asimismo, señalaron que las acciones denunciadas exceden las facultades establecidas en la Ley General de Migración No. 285-04, que no autoriza el ingreso a propiedades privadas sin orden judicial ni el decomiso de bienes fuera de un procedimiento formal.

Rodríguez advirtió que actuar sin orden judicial constituye una “vía de hecho”, es decir, una actuación arbitraria carente de fundamento legal y contraria al Estado de Derecho. Este tipo de prácticas, añadió, “no solo vulnera garantías constitucionales, sino que daña la imagen de la República Dominicana como país seguro para la inversión y genera incertidumbre entre los sectores productivos nacionales y extranjeros”.

Finalmente, APROCOVICI hizo un llamado a las autoridades para revisar los protocolos de actuación de los agentes migratorios, garantizando que la aplicación de la ley se realice dentro del marco constitucional.

“La lucha contra la irregularidad migratoria debe desarrollarse con apego a la ley y en coordinación con las instituciones competentes, sin vulnerar derechos ni generar temor entre trabajadores y empresas que cumplen con el ordenamiento legal”, concluyó Rodríguez.