Fiscalía pedirá mantener prisión a cabecilla del caso Guepardo

La audiencia fue aplazada para el 2 de septiembre en La Romana

SANTO DOMINGO, RD – Yves Alexandre Giroux, señalado como uno de los principales líderes de la red criminal desmantelada en la operación Guepardo, seguirá enfrentando desde prisión el proceso judicial en su contra. El Ministerio Público solicitará que se mantenga la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva que le fue impuesta por su implicación en una estafa electrónica de gran escala, disfrazada como negocio inmobiliario.

El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana, presidido por la jueza Vicky Chalas, aplazó para el 2 de septiembre la audiencia de revisión obligatoria. La decisión se tomó para dar tiempo a que sean citados formalmente los querellantes del caso. En esa audiencia también se conocerá una solicitud del imputado, quien busca ser trasladado a otro centro penitenciario, específicamente a la cárcel pública de El Seibo, petición ya rechazada anteriormente por el tribunal.

El Ministerio Público ha sido claro: Giroux representa un riesgo de fuga y sus acciones reflejan una estructura criminal organizada que, según la investigación, logró captar más de 18 millones de dólares a través de un esquema fraudulento que operaba en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Utilizaban la marca RE/MAX como fachada para atraer inversionistas interesados en proyectos inmobiliarios que no existían o nunca se completarían.

El expediente de la operación Guepardo se ha ido fortaleciendo. En julio, las imputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco también vieron ratificada su prisión preventiva de 18 meses por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. La corte valoró la gravedad del caso y señaló que el proceso debía continuar con los acusados bajo custodia.

Mientras tanto, la otra figura clave del entramado, Loany Ortiz, permanece detenida en Colombia, esperando su extradición a República Dominicana. Las autoridades dominicanas gestionan su traslado para que también enfrente la justicia por su rol como cabecilla de la red junto a Giroux.

El equipo que lidera la investigación está conformado por los fiscales Claudio Cordero, Manuel Castro y Mayerlin Rondón, bajo la dirección de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto con la Fiscalía de La Romana. Además, la procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodríguez reiteraron que el caso implica violaciones graves a múltiples normativas, incluyendo los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

Durante los allanamientos se han incautado vehículos de alta gama, equipos electrónicos y documentación clave, además de propiedades en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia.

El caso Guepardo no solo destapó una operación transnacional bien estructurada, sino que dejó claro cómo se puede manipular la confianza del mercado inmobiliario para fines criminales. Ahora, con una audiencia pendiente y con parte de la red aún enfrentando extradiciones, el proceso judicial entra en una nueva etapa.

La atención estará puesta en septiembre, cuando el tribunal decida si mantiene o modifica la medida contra Giroux, una figura que para el Ministerio Público representa mucho más que un imputado: es el rostro de una estafa que cruzó fronteras.