Testigo revela que Santos Viola usó prestanombres para encubrir inmuebles

Se detallan compras ocultas de bienes por militares acusados en la Operación Coral

SANTO DOMINGO.– En la audiencia de este martes, el Ministerio Público presentó supuestas pruebas del uso de prestanombres para ocultar propiedades costosas, adquiridas con fondos públicos desviados. Entre los apuntados figuran militares y policías involucrados en la trama conocida como Operación Coral.

Bajo la conducción del equipo fiscal —Jonathan Pérez Fulcar, Melbin Romero, Arolin Lemos y Enmanuel Ramírez— se amplió el expediente ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con más presuntas evidencias que delinerian la red de corrupción que se desplegó bajo la figura del general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola.

Propiedades inscritas a nombre de otros

El momento más revelador fue el testimonio de Marioly Pérez Adames, esposa del teniente coronel Kelman Santana Martínez, también acusado. Confirmó que un apartamento en Torre Elsa, sector Gascue, apareció registrado bajo su nombre sin su conocimiento. En 2022, ella y su esposo entregaron el inmueble voluntariamente al Ministerio Público.

Pérez Adames aseguró nunca haber pisado el apartamento B‑4 ni conocer su ubicación. Su nombre se usó solo para encubrir una compra realizada en 2014 con dinero en efectivo, a través de la empresa Coinpro. 

Sin embargo, según la testigo, el verdadero responsable fue el general de los Santos Viola, quien utilizó a Peré Adames como pantalla para adquirir el inmueble. 

Viola también aparece ligado a las unidades A‑3 y A‑4 del mismo complejo, a nombre de Manuel Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago como prestanombres.

Más bienes bajo sospecha

En la misma audiencia, declararon Yessenia Artemis Cepín Peña y Jorge David Ulloa Ramos, cuyas versiones reforzaron el esquema del Ministerio Público. 

En su narración detallaron que una camioneta todoterreno fue registrada a nombre de Cepín Peña para, supuestamente, ser transferida luego a Manuel Alba Solano. Aunque este cambio nunca se formalizó, el vehículo fue utilizado por miembros de la red.

Se presentaron además 24 tasaciones de alto valor, correspondientes a inmuebles vinculados a quienes se investiga. Entre ellos sobresalen propiedades atribuidas al coronel Rafael Núñez de Aza y al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, cada una valorada en más de 50 millones de pesos.

Próxima cita en tribunales

La audiencia, presidida por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará el jueves 24 de julio. 

El Ministerio Público prepara más presentación de pruebas en este proceso judicial que ya involucra: 262 testigos y peritos, 755 documentos probatorios, 23 pruebas materiales y 88 informes periciales

Este desarrollo judicial profundiza el grado de complejidad de la Operación Coral, evidenciando cómo las maniobras ilegales se han vestido de legalidad mediante la creación de estructuras de ocultación sofisticadas. Las próximas audiencias definirán si estos indicios son suficientes para hallar responsables y recuperar bienes pagados con dinero público desviado.