La Haya decidirá sobre el deber de los países frente al clima
La CIJ emitirá su opinión sobre responsabilidades climáticas este 23 de julio
Nueva York, 22 de julio de 2025. Mañana, todas las miradas estarán puestas en La Haya. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) está por pronunciarse sobre una de las cuestiones más urgentes de nuestro tiempo: ¿tienen los países la obligación legal de proteger al planeta del cambio climático? ¿Y qué pasa con los que han causado daño? La respuesta podría marcar un antes y un después para las naciones más vulnerables.
La solicitud de esta Opinión Consultiva no surgió de las grandes potencias, sino de quienes enfrentan la crisis con el agua al cuello, literalmente. Los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), encabezados por Vanuatu, empujaron este proceso junto a decenas de aliados, cansados de esperar soluciones que no llegan. El resultado de este esfuerzo colectivo está a punto de ver la luz.
Lo que se juega aquí no es solo una cuestión jurídica. Para países como Palaos, Tuvalu o Maldivas, esto es una cuestión de supervivencia. La opinión abordará si los Estados están legalmente obligados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y si deben hacerse responsables por los daños causados a otras naciones. En pocas palabras: ¿puede haber justicia climática?
La Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), que ha representado a 39 de estos países desde 1990, considera que la Opinión puede ayudar a forjar un nuevo marco de rendición de cuentas internacional. Uno donde ya no baste con promesas a largo plazo, sino que se exijan acciones concretas.
Palaos, que preside actualmente la AOSIS, presentó ante la CIJ pruebas inquietantes: arrecifes blanqueados, un mar que sube a niveles peligrosos y un calor sofocante que ya amenaza vidas. Los días con temperaturas por encima de los 32 grados se han duplicado en apenas unas décadas. Y el nivel del mar podría dejar sumergidas vastas zonas del país antes de que acabe el siglo.
En este contexto, la AOSIS redobla su llamado a que los países actualicen sus compromisos climáticos —las llamadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional— y los alineen con el límite crítico de 1,5 °C. Sin ambición real y planes serios, dicen, no hay tiempo que perder.
Esta Opinión Consultiva no es vinculante, pero su valor moral y político es innegable. Podría convertirse en una poderosa herramienta de presión internacional. Porque si la CIJ afirma que existe una obligación jurídica de no dañar a otros con las emisiones, ya no se tratará solo de voluntad, sino de responsabilidad.
“La injusticia climática es real y cotidiana”, recordó la AOSIS en su declaración. “Este proceso ya ha dejado algo claro: el mundo no puede seguir ignorando que hay pueblos pagando un precio que no les corresponde”.
El fallo llega mañana. Y con él, quizás, una nueva página en la lucha por la justicia climática.
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