Ministerio Público acusa formalmente red de estafa por 124 millones

Víctimas fueron engañadas con promesas falsas de inversión financiera segura

Santo Domingo.-. — El Ministerio Público, a través de su Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, depositó una acusación formal contra los cabecillas de una organización delictiva que estafó más de 124 millones de pesos dominicanos a 192 personas, mediante promesas fraudulentas de inversión rentable y sin riesgos.

Los imputados Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero, junto a otros asociados, emplearon como fachada la sociedad comercial Pipschasers Capital, S.R.L., con la que lograron captar sumas millonarias alegando operar como corredores de bolsa o representantes de fondos de inversión debidamente autorizados.

Contratos engañosos omitían información clave 

Según detalla la acusación firmada por la procuradora fiscal Lewina Tavárez Gil, los estafadores omitían deliberadamente información vital en los contratos que firmaban con las víctimas, ocultando el uso real de los fondos. Esta práctica, calificada como una maniobra dolosa, tenía el propósito de inducir al error a quienes confiaron en la supuesta rentabilidad de las inversiones.

Además, la investigación reveló que los imputados realizaron múltiples transferencias bancarias entre cuentas propias o bajo su control, generando un patrón de circuitaje financiero con el fin de dificultar el rastreo del dinero. Finalmente, estos recursos eran utilizados con fines personales, profundizando el daño patrimonial a las víctimas.

Más de 276 pruebas contra los imputados financieros

La acusación presentada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional contiene más de 276 elementos de prueba, entre ellos documentos, peritajes y testimonios, todos reunidos conforme a los principios del debido proceso.

El Ministerio Público resaltó que esta acusación individualiza la responsabilidad penal de cada imputado. En la actualidad, Gabriel Cáceres guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, mientras que Kristie Cabral se encuentra en libertad bajo medidas de coerción: garantía económica, presentación periódica y prohibición de salida del país.

Ambos ya habían sido condenados anteriormente por un caso similar de estafa privada, lo que refuerza la reincidencia en sus prácticas fraudulentas. El órgano acusador reitera su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atentan contra la seguridad económica de los ciudadanos.