Milton Morrison acusa a Dekolor de soborno y lavado de activos

Presentan querella por intento de extender contrato vencido con chantaje

Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director ejecutivo, Milton Morrison, presentaron una querella penal directa contra la empresa Dekolor SRL, su presidente Rogelio Oruña, y su gerente general Sandra Oruña, acusándolos de presunto soborno, lavado de activos, chantaje y estafa al Estado.

La denuncia fue interpuesta el pasado viernes 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Según el documento entregado al Ministerio Público, Dekolor habría intentado sobornar a funcionarios del Intrant con ofertas de hasta un millón de dólares y pagos mensuales de tres millones de pesos, además de ejercer presión directa y amenazas personales, según la querella.

¿El objetivo? Renovar sin licitación un contrato vencido que mantenía a la empresa operando el sistema nacional de licencias de conducir. El contrato, firmado originalmente en enero de 2020 por cinco años, otorgaba a Dekolor la gestión de 21 centros de atención, el personal, los equipos y toda la tecnología para emitir y renovar licencias en el país.

Aunque el contrato había sido modificado en varias ocasiones, los cambios nunca fueron aprobados por el Consejo del Intrant, lo que, según la institución, invalidaba cualquier intento de prórroga. Pese a esto, la empresa insistió en seguir operando, presionando a la nueva administración mediante pagos, amenazas e intentos de soborno para evitar un proceso competitivo que les obligara a revalidar su contrato en condiciones legales.

La querella califica estos actos como soborno, lavado de activos, asociación de malhechores, chantaje y delitos electrónicos, apoyándose en leyes como la 448-06, la 155-17, la 53-07 y artículos del Código Penal dominicano. El Intrant presentó documentación, informes de la Contraloría General y testimonios que describen una estructura criminal diseñada para mantener el control de un negocio millonario con fondos públicos.

El caso tiene una particularidad poco común: es el propio director del Intrant quien actúa como querellante, lo que rompe con la práctica habitual de dejar la persecución de estos delitos exclusivamente en manos del Ministerio Público. Esta decisión marca un precedente serio en materia de transparencia institucional y podría abrir la puerta a una nueva forma de enfrentar la corrupción desde adentro.

Además de los señalados, la querella sugiere que hay más personas involucradas. Será tarea de la Pepca identificar y procesar a los demás implicados. Por ahora, lo que está claro es que el Estado ha decidido no dejar pasar este caso como uno más.