Piden coerción contra Ángel Martínez por delitos cibernéticos

Le imputan difamación digital contra una abogada en redes sociales

El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, por presuntos delitos cibernéticos cometidos en perjuicio de la abogada Milagros Marina De Camps Germán. El caso fue presentado por la Fiscalía del Distrito Nacional a través del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Martínez está acusado de difamación e injuria, tras varias publicaciones en redes sociales que, según la víctima, dañaron gravemente su reputación sin presentar pruebas ni sustento legal. Las declaraciones que hizo habrían impactado directamente su vida profesional, personal y laboral.

La Fiscalía solicitó tres medidas: una garantía económica de diez millones de pesos (RD$10,000,000), presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país. Estas solicitudes se basan en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 226 del Código Procesal Penal. Además, se invocan los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, que sanciona los crímenes y delitos de alta tecnología.

El equipo que presentó la solicitud estuvo compuesto por Kelvyn Colón, director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional; Marineldy Peña, procuradora fiscal y coordinadora del Departamento de Alta Tecnología; y el fiscalizador Rafael Reyes.

El caso quedó en manos del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Aunque la audiencia estaba pautada para las 9:00 de la mañana del jueves, fue pospuesta para las 2:00 de la tarde. Los abogados de Martínez pidieron más tiempo para preparar la defensa, alegando que no tenían listos los presupuestos jurídicos necesarios. También indicaron que su cliente enfrenta otros procesos legales en distintas zonas del país por situaciones similares.

¿Qué implica esta medida?

La solicitud de coerción no significa que el acusado sea declarado culpable. Es una herramienta legal para garantizar que el imputado no evada la justicia mientras se investiga el caso. En este caso, la Fiscalía busca asegurar que Martínez responda por las acusaciones, evite fugarse y no vuelva a publicar contenido que pueda agravar el daño alegado.

El proceso sigue abierto y en desarrollo. La decisión sobre las medidas solicitadas dependerá del análisis del tribunal y de cómo evolucione la defensa.