Diez años de prisión para pastor reincidente por abuso a menores

Otro líder religioso también fue condenado por abuso sexual en Higüey

Un tribunal de Higüey sentenció a dos líderes religiosos por agredir sexualmente a menores dentro de su congregación. El pastor Víctor Manuel Kerly, quien dirigía la iglesia evangélica Antorcha de La Verdad, fue condenado a 10 años de prisión tras ser hallado culpable de agredir sexualmente a dos adolescentes. Su colaborador, Robinson Peguero, conocido como “el Profeta”, recibió una pena de cinco años.

Ambos fueron declarados culpables de violar los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano, que castigan la agresión sexual y el abuso de autoridad en perjuicio de menores.

La sentencia establece que los hechos ocurrieron en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, donde los condenados usaban su posición como líderes religiosos para abusar de su poder. Según el expediente, las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de muerte dirigidas a sus familiares, lo que les impidió hablar de lo sucedido por un tiempo.

El caso fue denunciado en julio del año pasado ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. Durante la investigación, dirigida por la fiscal Adivy Cedano, se recopilaron pruebas suficientes para llevar a juicio a los responsables. En el proceso judicial, los fiscales Idalia Peralta y Yeury Rodríguez representaron al Ministerio Público, logrando que el tribunal acogiera todas las pruebas presentadas como válidas.

Los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte valoraron los testimonios, peritajes y documentos que confirmaban los hechos, y dictaron sentencia condenatoria.

Un dato relevante que pesó en la decisión del tribunal fue que Víctor Manuel Kerly ya había sido condenado por abuso sexual a un menor en el año 2021. En esa ocasión, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia lo sentenció a cinco años de prisión, pero con pena suspendida, es decir, no cumplió cárcel siempre y cuando respetara ciertas condiciones. Al reincidir, quedó claro que violó esa oportunidad legal, por lo que ahora deberá cumplir la nueva condena en prisión.

Este fallo no solo representa una sanción penal para los condenados, sino también un mensaje sobre la responsabilidad de quienes ocupan cargos de liderazgo, especialmente en contextos donde se les otorga confianza y poder sobre personas vulnerables, como niños y adolescentes.

Para las víctimas, esta sentencia marca el cierre de un proceso legal doloroso, pero necesario. Para la sociedad, es una alerta sobre cómo el abuso puede esconderse bajo figuras de autoridad si no hay vigilancia ni justicia firme.