INSAPROMA lanza red de abogados solidaria para llevar justicia al pueblo

Una respuesta ante los altos costos legales excluyen a pobres de la justicia

Santo Domingo. – El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) ha lanzado un proyecto de asistencia jurídica solidaria, cuyo objetivo es facilitar servicios legales gratuitos o a bajo costo a personas de escasos recursos. Este programa incluye orientación y representación en áreas como derecho ambiental, laboral, civil, penal y migratorio.

La iniciativa se basa en una red nacional de abogados solidarios, comprometidos con brindar apoyo a los más desfavorecidos. “Se trata de profesionales con alta calificación y experiencia, pero sobre todo con un compromiso ético de garantizar que los más pobres también tengan acceso a los tribunales”, puntualizó la organización.

Este proyecto busca democratizar el sistema judicial dominicano, y abrir las puertas de la justicia a quienes hoy viven en la práctica excluidos. “Aspiramos a una justicia más justa, accesible y humana para todos. Esa es nuestra lucha”.

INSAPROMA responde de esta manera ante el elevado costo de los servicios judiciales en la República Dominicana que está dejando fuera del sistema a miles de ciudadanos de escasos recursos, quienes no pueden hacer valer sus derechos ante los tribunales.

La denuncia se apoya en el Índice Global de Estado de Derecho 2023, elaborado por el World Justice Project, donde el país ocupa la posición 76 de 140 naciones en cuanto a acceso a la justicia. 

Además, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los obstáculos económicos y financieros son una de las principales barreras que impiden a las poblaciones vulnerables ejercer sus derechos sociales en instancias legales.

En ese mismo tenor, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) identifica como limitantes para acudir a los tribunales la imposibilidad de costear servicios legales, los gastos de transporte, y otras erogaciones asociadas a los procesos judiciales.

Según INSAPROMA, con más de 20 años de experiencia en defensa legal, por cada persona que logra presentarse ante un juez, dos o tres más quedan excluidas por limitaciones económicas. Solo en 2023, la Defensoría Pública asistió a más de 200 mil ciudadanos de bajos recursos, un dato que ilustra la magnitud del problema.

Falta de información y lentitud agravan la exclusión judicial

Pero no solo el dinero limita el acceso a la justicia. Según INSAPROMA, hay otros factores estructurales, como la falta de información legal en los sectores populares y la larga duración de los procesos judiciales, que pueden extenderse de dos a cinco años según el tipo de caso y el tribunal correspondiente.

“La duración excesiva de los procesos no solo retrasa la justicia, sino que también disuade a muchas personas de acudir al sistema, ya que mientras más se extiende, más altos se vuelven los costos”, enfatizó la entidad.