Supremo de EE.UU. respalda fin de alivio migratorio temporal

Medio millón de caribeños y centroamericanos quedarían desprotegidos pronto

Nueva York.- En un giro que podría afectar la vida de más de 532,000 migrantes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó una petición presentada por la Administración Trump para eliminar un programa migratorio humanitario creado bajo el gobierno de Joe Biden. 

La medida amparaba a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, quienes pudieron ingresar legalmente al país mediante un permiso especial para vivir y trabajar.

El programa, instaurado como vía para un acceso ordenado y controlado, permitía a personas de estos países aplicar desde el extranjero y así evitar los riesgos de cruzar irregularmente la frontera. 

Ahora, con el respaldo del Supremo, la posibilidad de expulsión queda abierta para cientos de miles de beneficiarios que residen en Estados Unidos bajo este estatus.

La anulación fue promovida luego de que la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, solicitara al máximo tribunal revertir el bloqueo previo impuesto por un juez federal de Massachusetts, quien había determinado que tales decisiones requerían evaluaciones caso por caso y no podían adoptarse de forma masiva.

Trump acelera su agenda antiinmigrante en plena campaña presidencial

Este es el segundo revés judicial para la política migratoria del actual presidente Joe Biden en lo que va de mayo. Hace solo días, la misma corte autorizó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes venezolanos, medida que también fue impulsada por la actual administración republicana.

El expresidente Donald Trump, que busca regresar a la Casa Blanca en noviembre, ha prometido endurecer el control migratorio desde el primer día de un nuevo mandato. 

Entre sus promesas se encuentran deportaciones masivas, la eliminación de programas de protección temporal y un aumento de la presencia militar en la frontera.

Según fuentes de CNN, aunque el fallo del Supremo representa un paso clave, el proceso judicial seguirá en cortes inferiores, lo que significa que la implementación total aún podría enfrentar obstáculos o demoras.

Grupos defensores de los derechos migrantes han advertido sobre el impacto humanitario de esta medida, especialmente en comunidades vulnerables que huyeron de crisis políticas y económicas en sus países. 

La incertidumbre se cierne sobre miles de familias que ahora enfrentan la posibilidad de deportación, pese a haber ingresado de forma legal y haber cumplido con los requisitos del programa.