Regidores de Fuerza del Pueblo rechazan decreto presidencial 312-25

Acusan violación de normas de compras y falta de transparencia

SANTO DOMINGO.– El bloque de regidores del partido Fuerza del Pueblo (FP) en el Distrito Nacional ha levantado su voz contra el Decreto 312-25, que declara en estado de emergencia al Distrito Nacional, argumentando que se trata de una decisión impuesta sin consulta, sin detalles claros y sin la participación del Concejo de Regidores.

El vicevocero del bloque, licenciado Manuel García, denunció que este decreto constituye una violación directa al Artículo 52 del reglamento de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, así como a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. 

Aseguró que el Poder Ejecutivo ha ignorado la institucionalidad municipal al no convocar ni informar al órgano edilicio correspondiente.

“El artículo 19, literal a, y el artículo 52 de la Ley 176-07 son claros al establecer que el Ayuntamiento y su Concejo son responsables de la planificación y fiscalización de los servicios públicos”, enfatizó García. 

“Aquí se ha actuado de espaldas al ordenamiento jurídico, sin transparencia y sin respeto a la autonomía municipal consagrada en la Constitución”, agregó.

Regidores solicitan informe y advierten sobre impugnación de contratos

El bloque anunció que solicitará de manera formal un informe al contralor municipal, con el objetivo de auditar los contratos de bienes y servicios renovados en el marco del decreto. 

“Queremos saber por qué no se renovaron a tiempo y si se han cumplido con los procedimientos establecidos en la ley”, señaló García.

En ese sentido, el edil advirtió que ya se están dando los pasos legales correspondientes para impugnar la medida ante los organismos competentes. 

También exigió que el Concejo de Regidores sea convocado de manera inmediata para discutir el alcance de la declaración de emergencia y sus consecuencias presupuestarias y administrativas.

La bancada de Fuerza del Pueblo reiteró su compromiso con la defensa de la legalidad, la transparencia y la participación ciudadana, y acusó al gobierno central de pretender gobernar por decreto, marginando a las autoridades locales y debilitando el régimen democrático.