El estado de California lleva a los tribunales a la administración de Donald Trump

El gobernador Gavin Newsom acusa a Trump excederse de su autoridad para imponer aranceles

California ha decidido llevar a los tribunales a la administración de Donald Trump, acusándola de exceder sus atribuciones presidenciales al imponer aranceles de manera unilateral bajo una supuesta emergencia económica. 

La demanda fue presentada por el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general del estado, Rob Bonta, quienes consideran que las acciones del expresidente son no solo injustificadas, sino ilegalmente arbitrarias.

La querella sostiene que Trump abusó de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional, utilizando esta normativa como base para aplicar aranceles a países de todo el mundo, con especial dureza hacia China, que enfrenta tasas de hasta 145%. 

Según los demandantes, la ley no le otorga autoridad para actuar de forma tan amplia sin intervención del Congreso.

"Estamos siendo afectados de manera desproporcionada", afirmó el gobernador Newsom durante un episodio de su podcast, enfatizando que California, como el principal estado manufacturero del país, sufrirá el impacto económico directo de estos aranceles. 

En ese mismo sentido, Bonta calificó las decisiones de Trump como “profundamente preocupantes e ilegales”, advirtiendo que los californianos ya comienzan a prepararse para enfrentar las consecuencias.

Gavin Newsom exige anulación judicial de los nuevos aranceles impuestos

La demanda busca que un tribunal declare nulos los aranceles y ordene bloquear su implementación inmediata. Además, critica la moratoria de 90 días recientemente anunciada por Trump, la cual excluye intencionalmente a China, el país más afectado por las medidas.

Newsom y Bonta acusan a Trump de "jugar con el futuro económico" de millones de californianos por razones más políticas que técnicas. 

El litigio se convierte así en un nuevo capítulo en los enfrentamientos legales entre California y la administración Trump, reforzando la postura del estado como líder opositor ante decisiones federales que considera perjudiciales.