Prisión preventiva para comunicador que amenazó a expareja

Luis Plácido Alcántara cumplirá tres meses en Najayo por violencia.

San José de Ocoa (RD). — El Juzgado de la Instrucción de San José de Ocoa dictó tres meses de prisión preventiva al comunicador Luis Plácido Alcántara, acusado de amenazar de muerte a su expareja en plena sede de la Fiscalía de esa provincia. La medida de coerción fue impuesta por el juez Ysael Martínez Guerrero, a solicitud del Ministerio Público.

El incidente ocurrió el pasado 28 de febrero, cuando ambas partes acudieron a la Fiscalía para conocer una denuncia por violencia de género. Durante la comparecencia, Alcántara profirió amenazas contra la mujer, cuyo nombre se reserva, en presencia del fiscal Félix Sánchez. La agresión verbal fue tan grave que el fiscal ordenó su arresto inmediato por flagrante delito.

Según el expediente, el comunicador no solo amenazó verbalmente a su expareja en la Fiscalía, sino que previamente le había enviado un audio a través de WhatsApp. En ese mensaje, Alcántara advertía que la mataría a ella, a su hija menor de edad y a dos instructores de patinaje vinculados a la niña.

Pese a que la víctima presentó un desistimiento formal, el Ministerio Público continuó con el proceso judicial, dado que el delito de violencia intrafamiliar es de acción pública. El procurador general de corte de la provincia, Francis Valdez, MA, dirigió la investigación que culminó con la medida de coerción.

El imputado fue trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, donde cumplirá la prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

La audiencia de medida de coerción contó con la representación del Ministerio Público a través de los procuradores fiscales Juan Ysidro Minyetty, MA; Félix Sánchez; José Altagracia Castillo y la asistente fiscal Yahaira González.

Luis Plácido Alcántara enfrenta cargos por violar el artículo 309-2 del Código Penal Dominicano, que tipifica la violencia intrafamiliar y sanciona las amenazas de muerte en ese contexto. El caso genera preocupación en la comunidad local y vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia de género, incluso en espacios institucionales que deberían ser seguros para las víctimas.