Nueve de la operación Cattleya reciben 20 años de prisión y multas millonarias

Red criminal desmantelada con apoyo internacional y colaboración interinstitucional

El Ministerio Público ha marcado un hito sin precedentes en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, con la condena de los principales responsables de la red criminal desmantelada mediante la Operación Cattleya. 

Nueve de los implicados recibieron sentencias de 20 años de prisión, multas y el pago de indemnizaciones millonarias, mientras que otros cuatro fueron condenados a tres años de prisión por proxenetismo.

Entre los condenados a 20 años y el pago de 150 salarios mínimos se encuentran José Alberto Rosario Soriano, Melvin José Valentín Peguero, Oscar Wilcenne, Dionicio Mieses de la Cruz, María Paula Murillo Vargas, Zafiro Natal Sánchez González, Engel Neftalí Vargas Soto, Alejandro Arturo Batista Bustamante y Robert Lee Eleuterio Paniagua. 

Además, Dionicio Mieses de la Cruz fue condenado por delitos de alta tecnología, y María Paula Murillo Vargas por violación a la Ley de Drogas.

Condenas adicionales y decomiso de bienes

El tribunal también condenó a José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández y Braulio Manuel Lugo a tres años de prisión por proxenetismo, con multas de RD$50,000. 

Por otro lado, Oliver Arnaud Lewinsky recibió una condena de seis meses de prisión suspendida por posesión ilegal de marihuana.

El Hotel Oscar Inn Santo Domingo fue declarado penalmente responsable y ordenado su cierre, mientras que se decretó el decomiso de bienes incautados, incluyendo vehículos como un Hyundai Sonata 2016 y un Honda Accord 2013. 

Además, se ordenó el pago de indemnizaciones de RD$3,000,000 a dos de las víctimas, a cargo de los principales acusados.

Colaboración internacional y esfuerzos interinstitucionales

La investigación, liderada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), contó con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (DEIDET), el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional, y la colaboración de la Agencia Internacional Homeland Security Investigations (HSI). 

Organizaciones como OUR Rescue, Destiny-Rescue y ATB también jugaron un papel crucial en el desmantelamiento de la red.

El equipo litigante, integrado por Aleika Almonte, Eduardo Velázquez, Noelia Taveras y Ginna Matías, presentó y sustentó las pruebas ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, logrando condenas históricas.

Esta operación evidenció la estructura criminal, conformada por dominicanos, venezolanos, colombianos, haitianos y canadienses, y reforzó el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la explotación y la vulnerabilidad de las víctimas.