Worldcoin pierde batalla legal y sigue prohibida en República Dominicana

Tribunal rechaza intento de la empresa para reanudar operaciones suspendidas

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha rechazado la solicitud de Worldcoin Foundation de suspender la orden de Pro Consumidor que prohíbe sus operaciones en República Dominicana. La empresa, conocida por el uso de datos biométricos a cambio de criptomonedas, había solicitado una medida cautelar para continuar sus actividades, pero el tribunal mantuvo la suspensión vigente.

Mediante la sentencia 0030-01-2025-SSMC-0014, el tribunal confirmó la validez legal del acto administrativo 1840-24 emitido el 14 de noviembre de 2024 por Pro Consumidor, reafirmando que la entidad tiene la competencia legal para proteger a los consumidores dominicanos.

Autoridades denuncian cláusulas abusivas y manejo irregular de datos privados

El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que la suspensión se debió a la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión que Worldcoin ofrecía a ciudadanos dominicanos. 

Además, se detectó que la empresa recopilaba escaneos de iris sin ofrecer garantías claras sobre la seguridad o el uso de los datos recolectados.

El 12 de diciembre de 2024, las autoridades emitieron una segunda resolución, la 2058-24, ordenando la suspensión de los documentos "Términos y Condiciones de Worldcoin Foundation" y "Declaración de Privacidad de Worldcoin Foundation", reforzando las restricciones impuestas.

Protección de datos y privacidad bajo alerta internacional

El caso de Worldcoin ha generado preocupaciones más allá de República Dominicana. Organismos internacionales de protección al consumidor han alertado sobre los riesgos de privacidad y el uso indebido de datos personales, señalando que este tipo de operaciones podría derivar en explotación digital.

Las autoridades dominicanas han sido enfáticas en recordar que, según la legislación vigente, solo la Junta Central Electoral (JCE) está autorizada para manejar información biométrica de los ciudadanos. La decisión del TSA refuerza la postura del gobierno de priorizar la seguridad de los datos personales y evitar que empresas extranjeras operen sin regulaciones claras.