Medio Ambiente acusado de doble moral en crisis ambiental de Manzanillo

El Ministerio  impide viviendas mientras permite destrucción ecológica

El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) ha denunciado la hipocresía institucional del Ministerio de Medio Ambiente, que, mientras impide la construcción de viviendas en los sectores populares Altos de las Palomas y Manhattan, permite la devastación de Playa Estero Balsa, un santuario natural protegido bajo la Convención Ramsar.

Según Frank Valenzuela, presidente de CEBAMDER, esta política castiga a las comunidades vulnerables mientras favorece los intereses de poderosas corporaciones energéticas. 

El Ministerio justifica la paralización de viviendas con el argumento de que se encuentran dentro del Refugio de Vida Silvestre Laguna, pero ignora que estas comunidades llevan más de 75 años establecidas. 

Dij que al mismo tiempo, Medioambiente permite que empresas como Energía 2000 y Manzanillo Gas & Power destruyan los manglares de Estero Balsa, una barrera natural esencial contra tormentas y hábitat de especies en peligro de extinción.

Funcionarios señalados por abuso de poder y complicidad con empresas privadas

Valenzuela ha señalado directamente a Juan Guzmán, director regional de Medio Ambiente, y a Lenin Inoa, empleado del ministerio, como responsables de ejecutar órdenes arbitrarias contra las comunidades. 

Explicó que Guzmán fue quien ordenó la suspensión inmediata de las obras de vivienda, mientras que Inoa, asignado a la reserva de Villa Elisa, ha intervenido en áreas que no le corresponden, exacerbando el conflicto.

Dijo que por ello, el alcalde de Manzanillo, Jesús Jerez, ha declarado a ambos funcionarios como personas no gratas, acusándolos de conspirar contra el desarrollo local. 

CEBAMDER denuncia que estas acciones no solo violan los derechos de los residentes, sino que también exponen una política de doble rasero que prioriza el lucro de grandes corporaciones sobre la justicia social y ambiental.

Mientras tanto, las construcciones de infraestructura energética avanzan sin los estudios de impacto ambiental requeridos por la Ley 64-00, lo que confirma la denuncia de CEBAMDER sobre un ecocidio autorizado por el Estado. 

Ante esta alarmante situación, la organización ha hecho un llamado a la comunidad internacional, organismos ambientales y de derechos humanos para exigir la detención de estas obras ilegales y la protección de los habitantes de Manzanillo.

Asimismo, Valenzuela cuestiona si el presidente Luis Abinader realmente respalda el Plan Maestro Manzanillo o si este ha sido secuestrado por intereses empresariales. 

"No podemos permitir que se margine a nuestra gente mientras se construyen megaproyectos sin regulación. Si el gobierno autoriza estas plantas energéticas sin estudios ambientales, entonces también debe garantizar el derecho de las comunidades a su desarrollo", sentenció.